Un nuevo dirigente indígena se suma a la dolorosa cifra de asesinatos para los protectores del ambiente y derechos de pueblos aborígenes. Honduras es territorio peligroso para estos valiosos hondureños; luego del asesinato de la lideresa indígena, Berta Cáceres, en marzo de 2016, se registran 39 muertes violentas.
Redacción Central\ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. En las últimas horas en la aldea Nueva Granada, departamento de Cortés, se perpetró el asesinato contra el líder indígena, Juan Carlos Cerros, quien había ido a visitar a su madre y mientras regresaba a casa junto a sus hijos fue interceptado por tres sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabras le detonaron 40 disparos arrebatándole la vida instantáneamente.
La víctima, que tenía 41 años y de origen Lenca, era defensor de los derechos humanos y presidente del Movimiento en Oposición al Proyecto Hidroeléctrico “El Tornillito”, ubicado en la región occidental Chinda, Santa Bárbara.
En la escena del crimen autoridades de la Policía Nacional (PN) hallaron 40 casquillos de diferentes armas de fuego, por lo que procedieron abrir investigaciones sobre las causas del asesinato; la mañana de este lunes informaron la captura del homicida.
En ese contexto, la Directora de ACI participa, Hedme Castro, en declaraciones a EL LIBERTADOR dijo que el asesinato del activista Cerros evidencia que “representantes del Estado de Honduras contratan criminales para atentar despiadadamente contra la vida de defensores y defensoras del medio ambiente”.
Al tiempo, expresó que estos criminales actúan de manera libre y públicamente, sin importar el dolor que libran en las familias de las víctimas, como es el caso de Cerros que fue brutalmente asesinado frente a sus hijos.
La entrevistada criticó que el defensor había recibido protección para su vida, pero “el Mecanismo de Protección en el que estaba amparado nunca hizo efectivas las medidas, lo que prueba que el mecanismo de protección es otro elemento en blanco en el país”.
En ese sentido, Castro, deliberó que Honduras es un país sumamente peligroso para quienes se encargan de defender los recursos naturales y los derechos de los pueblos nativos.
Igualmente, manifestó que toda esta criminalidad tiene la intensión de sembrar más terror en el país y “lo que pretenden con estos asesinatos es crear mayor violencia y apagar las pocas voces de quienes se atreven, porque ya no soportan más la dictadura”.
Según datos emitidos por Global Witness, hasta el pasado 2020 al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio habían sido asesinadas desde el fatal ataque a Berta Cáceres en marzo de 2016; en tanto, vía Campesina cuantifica que en el presente año se han registrado 12 asesinatos.
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