El Centro de Estudios de la Mujer y la Red de Mujeres contra la Violencia de Intibucá, han emitido un pronunciamiento público donde demandan al Estado que la ATIC se encargue de investigar la muerte de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Centro de Estudios de la Mujer Honduras (CEM-H) y la Red de Mujeres contra la Violencia de Intibucá, han calificado la muerte de la estudiante de enfermería, Keyla Martínez, como un “crimen atroz” y, en ese contexto, urgen al Estado que se ponga un alto a la constante y mortal violencia contra las hondureñas.
En un comunicado, el CEM-H recuerda que en los últimos cinco años han sido asesinadas 1907 mujeres, lo que presenta un promedio anual de 381 femicidios, además, agregan que en estos casos la impunidad asciende a un 90 por ciento sin que se tome medidas contundentes para frenar el genocidio contra las hondureñas.
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Con relación al caso de Keyla Martínez, han hecho saber que repudian el suceso, haciendo mención en que no lo consideran un suicidio: “Para nosotras la policía no puede estar dando esas afirmaciones hasta que no exista una verdadera investigación del crimen, pues según los procedimientos investigativos todo acto de suicidio debe ser investigado como homicidio, asesinato o femicidio”.
Lo anterior lo remarcan en los procedimientos que tipifican la muerte de la estudiante como un suceso violento y, por otro lado, exigen que la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), “dado que la Dirección Policial de Investigación (DPI) está altamente vinculada con la Policía Nacional y no queremos que se entorpezcan las investigaciones”.
Del mismo modo, piden que la Comisión Interinstitucional de Seguimiento al proceso de indagación de muertes violentas y femicidios, para que presten atención al caso de Keyla Martínez. “Demandamos la depuración inmediata de todos los entes de acceso a la justicia como la policía, entes investigativos, entre otros”.
Por último han pedido que los órganos de Seguridad y Justicia den prioridad a estos casos para que los responsables paguen por lo que califican como un crimen y también han condenado la brutal represión “de la que fueron víctimas las compañeras organizadas de Ontibucá al plantarse a protestar ante la posta para exigir justicia”.
A continuación el documento de forma íntegra:
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