El Comité en Defensa de Bienes Comunes de Tocoa, se apersonó al Ministerio Público para denunciar a operadores policiales y de Justicia por el caso de los defensores del Río Guapinol, encarcelados ilegalmente desde el 1 de septiembre de 2019, alegando que se ha cometido delitos de abuso de autoridad y falsificación de documentos, entre otros.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La lucha por la libertad de los defensores del Río Guapinol, sigue. Ayer se apersonó a las oficinas del Ministerio Público en Tegucigalpa el Comité en Defensa de Bienes Comunes de Tocoa para denunciar a funcionarios policiales, de justicia y fiscales, por la “cacería de brujas” en contra de los ambientalistas.
El caso Guapinol ha acaparado los ojos del mundo por el insólito actuar del Poder Judicial, el Gobierno de Honduras y la empresa “Inversiones Pinares”, propiedad del matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del extinto magnate, Miguel Facussé; la familia tiene un largo historial de enfrentamientos con campesinos en el departamento de Colón, ubicado a unos 400 kilómetros al norte de Tegucigalpa.
En ese contexto, la comitiva ha entregado una denuncia por delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsificación de documentos públicos, omisión de los deberes de los funcionarios, entre otros.
Puntualmente, la acción está dirigida contra los oficiales Óscar Álvarez, Wilmer Márquez, porque según la comitiva de abogados elaboraron medios de pruebas falsas; también contra los fiscales Suyapa Aguilera, Héctor Daniel Velásquez Martínez, Franklin José Rodríguez, Humberto Sánchez y Sayda Vallecillo, por seguir las pruebas y llevar una “acusación falsa” ante los Tribunales de Justicia.
Además, el documento se extiende a los jueces Carlos Irías León y Lizeth Vallecillo, y también para magistrados de la Corte de Apelaciones que aceptaron la apelación de la empresa Pinares con relación al sobreseimiento definitivo que otorgó el juez Víctor Méndez.
Es de recordar que los defensores comunitarios fueron acusados por varios delitos, entre usurpación, daños a la empresa, incendio agravado y hasta asociación ilícita; sin embargo, el juez Méndez dictó sobreseimiento entre el 2 y el 4 de marzo de 2019.
En ese sentido, el abogado Jiménez critica que por la forma en que ha operado la Justicia, se entiende que la empresa Pinares está “emprendiendo una cacería de brujas, es una persecución criminal abusiva e ilegal”.
El pasado 19 de diciembre el juzgado de Tocoa negó cambiar las medidas para liberar a los defensores de Guapinol, luego que los abogados presentaran solicitud para buscar una alternativa distinta a la prisión preventiva.
Esta semana la Corte de Apelaciones de La Ceiba, según explica el equipo defensor, deberá dejar en libertad a los activistas sociales, ya que la jueza Zoé Guifarro, al momento de negar una alternativa de prisión, actuó “sin fundamento jurídico” e incluso no aceptó una propuesta de fianza que es una garantía constitucional protegida.
“La apelación fue presentada inmediatamente después del fallo de diciembre, pero no fue transferida por el Juzgado de Tocoa hasta el viernes, 22 de enero. De acuerdo con el Código Procesal Penal de Honduras, la Corte de Apelaciones tiene tres días para revisar la apelación y emitir un fallo jurídico, no político”.
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