El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha entregado al Ministerio Público (MP) un informe donde sugiere responsabilidad penal contra exfuncionarios de Copeco por la adquisición de ventiladores mecánicos inútiles contra el Covid-19 y que además estaban incompletos.
Según el documento, entre las inconsistencias se encontró que no hubo solicitud de Salud, tampoco se verificó si la empresa proveedora era apta o no, además de que no hubo contrato de adquisición o cotización.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La inútil compra de los ventiladores Vivo 65 más otros equipos de asistencia respiratoria, realizada por el Comité Permanente de Contingencias (Copeco) en mayo de 2020, implica responsabilidad penal según el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), que en su auditoria remitió un nuevo informe al Ministerio Público (MP), informando al menos nueve inconsistencias graves.
El “Informe Especial No. 001-2020-CEAC-GAE-COPECO-A”, el TSC pasa a la Fiscalía el contenido de su auditoria completa, donde se recalca que lo encontrado “contiene indicios de Responsabilidad Penal en compras y almacenamiento de ventiladores mecánicos ejecutadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco)”.
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Este informe comprendió la revisión de las operaciones, registros y la documentación de respaldo presentada por Copeco, con énfasis en la compra de 90 equipos de asistencia para la tos Phillips T70 y 90 baterías, 90 Ventiladores Trilogy Evo portables: incluye tubo, mascarilla y batería; y la adquisición de 40 ventiladores Breas Vivo 65, 90 equipos de asistencia para la tos y 90 baterías.
Según el documento, para la compra del equipo el proveedor presentó facturas por el valor de 2,280,410.00 dólares (unos 56.3 millones de lempiras al cambio en la fecha en que se realizaron las transferencias), incumpliendo las leyes, reglamentos, disposiciones de control interno y procedimientos administrativos establecidos, identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe, perjuicios a la salud y la economía del país “ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el Covid-19, afectó para que la misma no fuera atacada de manera adecuada”.
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El TSC constató que Copeco, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-19, realizó la compra de equipo de asistencia médica respiratoria, a la empresa denominada “International Medical Equipment, Inc”, la cual, según el expediente documental, cuenta con su sede de operaciones en la ciudad de New York, Estados Unidos de América.
Sin embargo, el ente auditor del Estado ha encontrado al menos nueve inconsistencias graves. Por ejemplo, que no existe solicitud de parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que exprese la necesidad de realizar la compra de estos equipos médicos.
Además, se determinó que las atribuciones fueron tomadas indebidamente por el titular de Copeco, que en ese entonces era Gabriel Rubí, quien renunció en abril de 2020 ante las constantes quejas por corrupción y sobrevaloración de insumos que ni siquiera abarcaban el campo médico.
El TSC hace mención que Rubí tampoco tomó en consideración la opinión de Sinager para efectuar las compras que tampoco tuvieron una consejería de los profesionales de la medicina, quienes alertaron que el Gobierno debía evitar adquirir insumos sin la opinión de expertos.
Por otro lado, “no se cumplió con algunos requisitos legales, técnicos y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de compra, para el caso no se verificó que la empresa era o no apta para contratar con el Estado de Honduras, no se solicitó la Declaración Jurada autenticada de la empresa extranjera de no tener inhabilidades, ni se constató que tuviera solvencia económica y capacidad financiera ya sea para fabricar o suministrar los equipos médicos adquiridos”.
Lea informe completo aquí.
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