El Congreso Nacional reformó la Ley de Política Limpia y ahora, aquellos candidatos que por actividad ilícita estén inhábiles a tener cuentas bancarias, podrán designar a terceros para las recolectas de dinero de sus campañas políticas.
En ese contexto, el dirigente del Partido Liberal, Eduardo Martell ha mencionado que esta reforma fue creada por “oscuros” para beneficiar a Yani Rosenthal, condenado por delitos confesos y preso en EEUU por lavado de activos u operaciones financieras con fondos de origen desconocido.
Y por su parte la vicepresidenta liberal, Maribel Espinoza, ha criticado que la clase política ha caído en lo más bajo de la “depravación” y que hoy actúa más como una red criminal.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia de fondos en las campañas proselitistas, son ahora utopía. El Congreso Nacional reformó el pasado 15 de diciembre el artículo 12 de la Ley de la Unidad de Política Limpia, la enmienda permite que los candidatos de los partidos políticos, aunque hayan sido inhabilitados por la Justicia para tener cuentas bancarias, coloquen a una tercera persona como beneficiario para recibir dinero.
Sectores políticos de oposición han referido que esta reforma se ha impuesto para favorecer al precandidato del Partido Liberal (PL), Yani Rosenthal, quien estuvo preso en Estados Unidos por nexos con grupos narcotraficantes en el delito de lavado de activos y que por disposiciones legales, hoy no tiene permitido tener cuentas de banco.
A pesar de este “beneficio”, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, ha dicho que de igual manera se hará un trabajo fiscalizador a estas terceras personas. Pero sus palabras son contradichas por analistas políticos como Armando Orellana, quien observa que esta unidad fiscalizadora “es una caricatura” y no tienen la capacidad informática para escanear el dinero ilícito en campañas.
La eliminación del artículo mencionado, genera alarma entre algunos dirigentes del PL, como es el caso de la vicepresidenta, abogada Maribel Espinoza, quien apunta que esta decisión “sólo responde al descaro de políticos corruptos, de políticos ligados al narcotráfico, de políticos ligados al lavado de activos, a quienes no les importa modificar leyes para beneficio propio”.
Y agrega que lo que se ve actualmente es una Honduras “en el nivel más bajo de depravación en que ha incurrido una clase política que ya no podemos llamarla clase política, sino una red criminal”. Cabe destacar que las elecciones internas están programadas para el 14 de marzo, a menos 70 días y, a juicio de la abogada, es la oportunidad para que el hondureño escoja, de cara a las generales, a ciudadanos honestos, con ética y libres de vínculos con el crimen.
La dirigente liberal extiende que los ciudadanos a aspirar a cargos de elección popular, “no deben tener vinculaciones con actos de corrupción y que no hayan sido mencionados en la lista Magnitsky (que entre tanto, niega la entrada de los sancionados a Estados Unidos), o que estén designados como narcotraficantes o que no aparezcan en la lista OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros)”.
Ahonda que el país no va cambiar si se sigue dando oportunidad a políticos “manchados” y que al contrario “se va terminar de destruir, eligiendo a hombres y mujeres que responden a un red criminal”.
Por eso, la profesional del derecho llama a la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) y al Ministerio Público (MP), para que alerten a los comisionados del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre las personas que no están aptas para participar en la contienda por sus nexos con el crimen.
Espinoza también critica que por ayudar a estas personas el Poder Legislativo, no aprobó la nueva Ley Electoral que en propuestas de la oposición pide inhabilitar a candidatos que hayan sido ligados al crimen organizado o que sean investigados por corrupción.
La entrevistada se pregunta: “¿Cómo esperan estas personas que no pueden abrir cuentas en los bancos, que van a representar a todo un país?, ¿cómo esperan estas personas representar a todos los hondureños? Son temas serios y graves”.
Por su parte el Secretario de participación ciudadana del PL, Eduardo Martell, asegura que la transformación a la ley, “favorece a varios candidatos pero en el caso del Partido Liberal ya hubo un propio reconocimiento de Yani Rosenthal, que él no podía tener cuentas en el Sistema Bancario Nacional, por la situación y el problema grave que tuvo en Estados Unidos y el juicio que se llevó a cabo”.
Recuerda que con este actuar, los políticos del país generan dudas de transparencia en sus financiamientos electorales, debido a que en los juicios que se desarrollan contra algunos excapos del narcotráfico en la Fiscalía del Distrito Sur de New York, revelan que varios participantes electorales llevan al menos 15 años recibiendo fondos de grupos criminales.
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Y por esos antecedentes, según Martell, la reforma de esta ley da pie a que los candidatos “reciban fondos del cartel de Sinaloa, del Chapo Guzmán y de los carteles de la droga colombiana como ya se comprobó”. También ha criticado las funciones de los Comisionados Electorales, al permitir la inscripción de precandidaturas de personas señaladas en corrupción y, el caso de Rosenthal, al ser él un exconvicto.
A la vez, reflexiona que la elección de esos funcionarios fue una distribución burda, que responde al “lado oscuro” de los partido políticos que en reuniones legislativas se pusieron de acuerdo, como si el ente encargado a garantizar la democracia fuera una “pulpería” dejando a un lado el profesionalismo y el compromiso patrio.
El entrevistado concluye que los dirigentes del partido, descartan acudir al Poder Judicial para impugnar la reforma del artículo 12 de la ley de Política Limpia, ya que considera que sólo servirían de burla ante los demás sectores políticos.
Asimismo, sentencia que el diputado proyectista de los cambios a la legislación –Mario Segura, jefe de la Bancada Liberal– recibirá el castigo de los electores porque, “es una persona totalmente deshonesta, un corrupto, una persona que llegó a cuidar intereses particulares y de grupos de poder, y no puede estar en el Congreso Nacional, y recuerde el antecedente, él levantó la mano para mocionar para que se fuera la MACCIH porque dijo que no había corrupción”.

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