Se requieren 40 millones de lempiras para poner a operar el centro hospitalario del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), sin embargo, ninguna autoridad ha querido responsabilizarse “por las irregularidades y escándalos de corrupción” que rodean los supuestos hospitales.
Este 18 de diciembre se cumplen nueve meses desde que tres empleados de Invest-H, firmaron el documento de precompromiso 00365 ¡en tan sólo 26 minutos con 3 segundos!, para que el país “comprase” los siete supuestos hospitales al guatemalteco Axel López, como ordenó el gobernante Juan Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Desde que se confirmó la presencia del nuevo coronavirus en el país, en marzo, Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), anunció la compra de siete hospitales móviles por orden del mandatario Juan Hernández, supuestamente para personas contagiadas con el virus, a un costo de 1,200 millones de lempiras que pagó “de buena fe” el ex director de la estatal, Marco Bográn Corrales, al guatemalteco Axel Gamaliel López.
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A este 18 de diciembre, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), reporta que el virus ha contagiado a 115,157 personas, de esas 54,053 se han recuperado y 3,029 personas han muerto, sin embargo, las muertes son más porque la Asociación de Funerarias reporta hasta noviembre 6,200 sepelios bajo el protocolo covid.
Y ese mismo mes, Sinager informó que la Secretaría de Salud, que dirige la profesora Alba Flores, reportó que 3,054 muertes no habían sido “contabilizadas en el Distrito Central [Tegucigalpa y Comayagüela] desde el inicio de la pandemia”.
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Al margen de eso, la junta interventora que dirige Invest-H después de la renuncia de Bográn, ha anunciado en fecha reciente que, tras nueve meses de la transacción, los siete “hospitales” fueron enviados por López desde Turquía, pese a que las irregularidades abundan en esos “centros de triage” como han sido catalogados por los expertos en la salud.
Por ejemplo, un informe elaborado en octubre por la comisión de observadores que viajó a Turquía, sin la compañía de fiscales del Ministerio Público (MP), enlista 56 anomalías que demuestran que el supuesto empresario López vendió a Honduras equipo dañado, vencido y estructuras elaboradas a la ligera.
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Y este 18 de diciembre, la jefa del Servicio de Neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar de Honduras, Suyapa Sosa, ha revelado que el primer “desecho móvil” que operará en Tegucigalpa no ha comenzado porque ninguna autoridad desea hacerse cargo de su administración.
“Ese es un tema muy delicado, es algo que nadie lo quiere tomar por las irregularidades y escándalos de corrupción que se han comentado [en el proceso de adquisición]”, dijo Sosa.
De acuerdo con la doctora, se debe revisar el equipo necesario y su estado para la atención de los pacientes y el manejo de las 40 camillas de la Unidad de Cuidados Intensivos.
“Hay que observar que el funcionamiento de las camillas con ventilación mecánica es importante, pero no es la solución, se necesita la capacidad del personal que sepa manejar eso; si el hospital sirve para disminuir los casos graves en otros centros, es una solución factible, pero para eso debe haber una reunión de un comité que de médicos que conozcan de la materia y sepan darle un buen manejo”, ha afirmado.
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Por su parte, la profesora que dirige Salud, Alba Consuelo Flores (gráfica), informó que la operatividad de ese centro costará unos 40 millones de lempiras y será administrado por el Hospital Escuela, “para ampliar su cartera de servicio”.
Flores acotó que los trabajos de mantenimiento en los laboratorios han concluido, pero que “la instalación de los otros laboratorios ha sufrido un atraso por la incomunicación de carreteras, se prevé que para finales de enero se estén entregando y habrá disponibilidad de diagnósticos en todas las regiones”.
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La funcionaria detalló que el montaje de los restantes centros, “dependerá de la junta interventora de Invest-H”; mientras, este día se cumplen 9 meses desde que tres empleados de la estatal decidieron en 26 minutos con 3 segundos la suerte de millones de hondureños, para complacer el oficio No. 630-SS-2020 que ordenaba la compra de esos monumentos a la corrupción.
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