Un grupo de 123 exoficiales de Policía de la etnia misquita, han enviado a diez representantes a la capital hondureña para reunirse con abogados, con el fin de concretar una nueva demanda al Estado de Honduras por no cumplir con el fallo de la CIDH en 2017.
El grupo fue depurado injustamente en 2001, y el organismo de derechos humanos instó al Gobierno a pagar montos de 100 mil, 140 mil y 200 mil dólares, de los cuales los expolicías apenas han recibido 350 mil lempiras.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Un total de 10 expolicías misquitos, llegaron este viernes al Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela), capital de Honduras, para asesorarse con abogados que les ayudarán a interponer una demanda contra el Estado de honduras, por incumplir el pago de una obligación internacional tras un proceso que ganaron en 2013.
El caso compete a la injusta depuración a la que fueron sometidos los exoficiales de la etnia misquita en el oriente del país en el año 2001, según informó el portavoz de los exuniformados, Jerry Yeifmaister, “el gobierno nos engañó”.
El exoficial agregó que el Gobierno dio un anticipo de 350 mil lempiras a cada policía pero que ahora no quieren cumplir con la cantidad total del pago, nosotros vamos a buscar la manera, para interponer una demanda contra el Estado, demasiado dinero nos quiere robar el Gobierno”.
La demanda internacional que ganaron los 375 ex agentes, entre ellos 123 de la Mosquitia, fue otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el acuerdo de solución amistosa que se llevó a cabo en 2017, en México, apunta a que se debe pagar un monto de 100 mil dólares a la escala básica, 140 mil dólares a los policías clase y a los oficiales 200 mil dólares.
Pero ante la negativa de la cancelación, sostienen que el gobierno de Hernández los engañó. El afectado, contactado por EL LIBERTADOR detalló que de los 123 demandantes siete de ellos ya fallecieron, pero para el reclamo del pago están siendo representados por sus esposas u otros familiares.
Los depurados bajo la administración del exsecretario de Seguridad Gautama Fonseca (fallecido en 2012), ya se habían apersonado a la capital desde 2018 para exigir el pago total, y el año anterior también realizaron una protesta frente a las oficinas temporales de Casa Presidencial a inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia, donde acamparon por más de 15 días.
“Venimos hablar con los abogados que están en un etnia indígena porque la mayoría tiene problemas económicos. Se van reunir el domingo en el Colegio de Abogados”, dijo Yeifmaister.
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