La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha retrasado la fecha para el juicio oral contra 10 de los 16 imputados en el caso “Fraude en el Gualcarque”, y que se vincula al crimen de la ambientalista Berta Cáceres, vilmente asesinada en marzo de 2016.
El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, ha pedido que se integre una Comisión Internacional de Notables para revisar los fallos de la CSJ, especialmente sobre delitos de alto impacto.
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el arma más importante de los delincuentes de cuello blanco. Todo lo dirimen allí. Por eso los cambiaron [a los magistrados]”, sostiene el diputado de oposición, Luis Redondo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), ha reaccionado con indignación tras conocer que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ha admitido un recuerdo de amparo favoreciendo a 10 de los 16 imputados en el caso denominado “Fraude en el Gualcarque”, señalados del delito de corrupción en la imposición ilegal del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca sobre el río Gualcarque, que se relaciona con el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres (marzo de 2016).
“Dicho recurso fue interpuesto para evitar que se siga el proceso judicial contra estos funcionarios, al mismo tiempo, la Sala de lo Constitucional denegó el amparo para 3 personas: Roberto David Castillo Mejía, a quien también se le sigue el proceso por coautoría en el asesinato de Berta Cáceres, Roberto Aníbal Martínez Lozano y Carolina Castillo, ratificando su participación en actos de corrupción para defraudar al Estado”, sostiene el Copinh mediante un comunicado.
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Y agrega que la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca ocasionó graves violaciones a los derechos de las comunidades indígenas lenca, además de violencia y asesinatos de líderes y lideresas comunitarias.
“Con la decisión de beneficiar a estos 10 funcionarios, la justicia hondureña continúa beneficiando a los corruptos y se impulsa un modelo económico violador de los derechos humanos”, afirma el Copinh.
En ese sentido, el jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, ha lamentado la impasividad de la sociedad y los cooperantes ante las decisiones del Poder Judicial, que preside el nacionalista Rolando Argueta.
“Los sobreseimiento y la libertad de imputados por casos de corrupción, ocurre a vista y paciencia de los ciudadanos, sociedad civil y cooperación internacional que ha puesto muchos fondos para combatir este flagelo. Es triste la desatención aprehendida en la que hemos caído”, sostuvo.
Asimismo, el fiscal Santos ha pedido que se integre una Comisión Internacional de Notables para que revise los fallos que se emiten desde la CSJ, “en especial, en los casos del IHSS y los interpuestos por UFECIC-MACCIH”.
Por su parte, el diputado pinuista Luis Redondo publicó en su cuenta de Twitter que la decisión del Poder Judicial es “lo mismo [que sucedió] con el caso del alcalde nacionalista Tito Asfura, que le admitieron un recurso de amparo al antejuicio porque no estaban de acuerdo con una de las pruebas”.
“La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia es el arma más importante de los delincuentes de cuello blanco. Todo lo dirimen allí. Por eso los cambiaron [a los magistrados]”, enfatizó Redondo.
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“Ellos van a decidir si el Código Penal es o no constitucional, y lo harán hasta que salgan todas las ratas cachurecas con impunidad a disfrutar de lo robado. Pero yo les digo: todo lo que hagan se les revertirá, vamos a poner orden juntos todos los ciudadanos de Honduras”, sostuvo.
Cabe recordar que en la madrugada del 12 de diciembre de 2012, cuando Juan Hernández era su presidente del Congreso Nacional y candidato presidencial por el Partido Nacional, ese poder del Estado defenestró a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional.- El único sobreviviente fue el actual fiscal general del Estado, Óscar Chinchilla.
El argumento para remover a los cuatro togados se fundamentó en que “conspiraron contra el Estado en materia de seguridad”, al aceptar el recurso de inconstitucionalidad contra el decreto 89-2012 que contenía la Ley Especial de Depuración de la Policía; años después se confirmó que Hernández allanaba el camino para un segundo período presidencial.
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