El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha entregado en las últimas horas un informe detallado sobre seis hechos con indicios de responsabilidad penal en compras y contrataciones realizadas por Invest-H; el documento fue remitido al Ministerio público acompañado de un oficio dirigido al fiscal general Óscar Chinchilla haciendo énfasis en el perjuicio de más de 21 mil millones de lempiras.
La investigación aporta elementos referentes a la compra de los hospitales móviles, la adquisición de ventiladores mecánicos, inconsistencias en compra de 250 mil pruebas para Covid-19, contratos con empresa de familiar de Marco Bográn, irregularidades en adquisición de mascarillas y la no intervención del consejo ejecutivo de Invest-H.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Tribunal Superior de Cuentas (TSC), ha presentado al Ministerio Público (MP) un informe detallado con seis hechos a los que considera existen fuertes indicios de responsabilidad penal con relación a las compras y contrataciones que ha realizado la empresa Inversiones Estratégicas Honduras (Invest-H), institución que estuvo en manos de Marco Bográn hasta su reciente destitución.
El Informe Especial No. 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-B, consta del análisis de datos del TSC más las pruebas recabadas donde se “encontró méritos suficientes para remitir un nuevo informe al MP, por ser el ente facultado constitucionalmente para ejercer la acción penal pública ante los tribunales de justicia respectivos, tipificando los delitos que correspondan”.
Además, en su reporte de prensa, el TSC anunció que entregó un oficio al fiscal general, Óscar Chinchilla, “en el cual se pide proceder a realizar las acciones correspondientes, debido a que existen indicios de responsabilidad penal relacionados a la adquisición de 7 hospitales móviles (3 de 91 camas y 4 de 51) y 7 plantas de tratamiento de desechos médicos, compra de insumos de bioseguridad personal y equipo biomédico, así como la supervisión de planteles donde se instalarían dichos hospitales, entre otros”.
El ente veedor del Estado ha concluido que “la Dirección Ejecutiva de Invest-Honduras, sin consultar a su Consejo Directivo como máxima autoridad y este Consejo sin ejercer las obligaciones que manda la Ley de la Cuenta del Milenio en base a ser su máxima autoridad, realizó en amparo a la emergencia sanitaria nacional desembolsos por valor de 60,757,587.50 dólares, más 21,535,986.76 lempiras”.
El documento prosigue: “Identificando, de acuerdo a lo demostrado en este informe perjuicios a la salud y la economía del país, ya que estas erogaciones lejos de contrarrestar la crisis sanitaria por el Covid-19, impidieron que la misma fuera atacada de manera adecuada”.
Por el interés social que acarrea el trabajo de auditoria del TSC, EL LIBERTADOR comparte el enlace de descarga completo del documento: .
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