EL LIBERTADOR publicó en exclusiva cómo el mandatario Juan Hernández ha beneficiado a Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del extinto terrateniente Miguel Facussé, al concederles la construcción y administración de la terminal aérea de Palmerola durante tres décadas, y aunque el proyecto tiene más de un año de retraso, pone en riesgo al menos 3,065 millones de lempiras del pueblo hondureño.
El análisis jurídico realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) a ese contrato de concesión, evidencia confabulación entre los diputados y Hernández, al afirmar que “entre “el Congreso Nacional, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Cuando era presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández creó en septiembre de 2010 la Comisión de Alianzas Público Privadas (Coalianza), bajo el pretexto de que sería una instancia de inversión a largo plazo donde el reparto de los riesgos y el desarrollo de relaciones innovadoras estarían compartidos entre el sector público y el privado. Sin embargo, los hechos demuestran que Hernández ha acrecentado la fortuna de sus allegados en detrimento de la mayoría empobrecida. El caso más reciente es la concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola, donde una vez más el gobierno con el dinero del pueblo hondureño, actúa como benefactor de nuevos empresarios.
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Y como lo ha advertido este rotativo, este caso puede representar para el país una pérdida por el orden de los 125 millones de dólares, es decir unos 3,065 millones de lempiras al cambio actual. La concesión del aeropuerto de Palmerola (a 57 kilómetros al norte de la capital hondureña y donde funciona una base militar estadounidense), fue otorgada en 2015 a Inversiones Emco S.A., empresa constituida en 2011 y propiedad de los esposos Lenir Alexander Pérez y Ana Isabel Facussé; y al operador internacional Aeropuerto Internacional de Munich-Franz Joseph Strauss.
Para la administración de Palmerola, Lenir Pérez, personaje sin estirpe familiar en empresas o de conocida riqueza histórica, y su esposa Ana Facussé, hija del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum, conocido en el mundo por las masacres de campesinos en el Bajo Aguán, crearon Palmerola International Airport (PIA) en enero de 2016, como lo ha constatado EL LIBERTADOR en el documento de constitución de la empresa, mediante la matrícula 2549253 del registro mercantil de Tegucigalpa, del 14 de enero de 2016.
Al respecto, el análisis jurídico realizado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), titulado “Inconsistencias en el contrato de concesión del Aeropuerto Internacional de Palmerola”, afirma que esa organización de veeduría social ha logrado constatar irregularidades en disposiciones y cláusulas del contrato, que desde cualquier óptica, “se interpretan como un listado de beneficios que vendrían a favorecer únicamente al concesionario PIA, afectándose claramente los intereses del Estado de Honduras”.
TRAMA DE PODERES
Si bien el CNA no pretende oponerse a la construcción de un nuevo aeropuerto, sí se opone a que “el Estado, en conjunto con un pequeño grupo del sector privado, ha celebrado contratos con una vigencia por más de 30 años, donde estos inversionistas absorben los beneficios inmediatos y duraderos de dicha construcción”. Y agrega que mediante una confabulación entre “el Congreso Nacional, con el visto bueno del Poder Ejecutivo, fueron aprobados diversos decretos para legitimar un contrato de concesión que representa un riesgo para las finanzas del Estado”.
Cabe recordar que el 15 de junio de 2016 se publicó en el Diario Oficial La Gaceta, el Decreto Legislativo N.º 71-2016 que contiene el contrato de concesión, diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del aeropuerto de Palmerola. Bajo esta disposición, la empresa PIA es beneficiada bajo “términos aprobados por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado mediante el Decreto Ejecutivo N.º 016-2016, publicado el 17 de marzo de 2019 en La Gaceta”, prosigue el texto.
Una vez publicado este decreto –prosigue el CNA– se torna en ley, originando el aspecto sobre la validez legal, donde el Estado de Honduras asume su rol de concedente, aceptando tácitamente diversas condiciones que resultan desfavorables para el país.
A partir de esta situación, puede considerarse la apariencia de un marco de legalidad, no obstante, eso no limita al CNA a verter sus respectivas valoraciones, ya que desde el hemiciclo legislativo se dio vida a un contrato, el cual está disfrazado con esperanza y futuro para la nación, pero que pone en riesgo el erario, ya que lo sirve en bandeja de plata a los inversionistas de este proyecto, que al fin y al cabo, son comerciantes que viven de los negocios netamente lucrativos, y ¿A cuenta de qué el dinero de los hondureños va representar la mayor cantidad de la inversión privada? Cuando hay necesidades sociales en áreas que si utiliza la mayoría de la población, entre otras educación, salud e inversión en pequeñas y medianas empresas.
PAREN ESTAFAS, YA
El organismo de sociedad civil ha observado que pese a que el Decreto Legislativo N.º 278-2013 advierte de la prohibición de exoneraciones fiscales, meses antes de la publicación del contrato de concesión de Palmerola, Hernández ya había ordenado la publicación del Decreto Legislativo N.º 30-2016 que exoneraciones fiscales durante la vida del proyecto a PIA, argumentando que sería para “evitar el encarecimiento de los costos”, sin embargo, el concedente aportó mayor parte del capital incluyendo aumentos a su parte, lo que significa una elevación en los costos finales pero cargados para el pueblo hondureño.
“Uno de los puntos a destacar, es la preparación de condiciones preferenciales para que el concesionario PIA pudiera tener preminencia para la operación de Toncontín, una vez que finalizara el contrato de concesión actual”, ha dicho el CNA; esta disposición consta en el acuerdo de entendimiento de modificación de cláusulas, aprobado mediante el PCM 041-2016, mismo que se complementa con “estudios técnicos que se amparan en criterios de factibilidad, economía y eficiencia”, los cuales evidencian que no es recomendable iniciar procesos para concesionar la operación y que sugiere el otorgamiento directo al concesionario PIA.
Así, Hernández ha beneficiado una vez más a sus allegados, en este caso a Lenir Pérez y a Ana Facussé, al concederles un contrato donde el Estado de Honduras está invirtiendo 125 millones de dólares (casi 3,065 millones de lempiras( versus los 87 millones de dólares (2,133 millones de lempiras) por parte del matrimonio Pérez Facussé, que se quedarán con el 69.4 por ciento de las ganancias generadas por la terminal aérea, además, el riesgo es mayor en vista que Pérez ahora alega que tendrán pérdidas de operación, pese a que tienen un año de retraso y ni siquiera están funcionando, por lo que ha pedido que le concedan 51 millones de dólares más (1,250 millones de lempiras), es decir que en total el pueblo hondureño podría perder 4,315 millones de lempiras.
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