“Los aeropuertos deben estar en manos de una Fundación sin fines de lucro para que cada centavo sea usado para beneficio de los usuarios y mejorar la competitividad del país”, ha dicho este viernes el presidente de la CCIC, Pedro Barquero, ante la posibilidad que el Gobierno se haga cargo de la administración de los aeródromos del norte del país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los aeropuertos de Honduras viven un panorama incierto por la pandemia y por los contratos de concesión entre Gobierno y empresa privada. Con el temor que una empresa estatal colapse el sistema de vuelos, como ha sucedido con otros rubros, los industriales han sugerido que se considere dejar todo en manos de una organización técnica sin fines de lucro que opere en pro del beneficio de operadores y usuarios.
Lo anterior se enmarca en el fin de la concesión, luego de 20 años, de la empresa InterAirports, que el próximo 28 de septiembre entregará el control de los cuatro aeródromos internacionales del país: Toncontín, Tegucigalpa; Ramón Villeda Morales, San Pedro Sula; Golosón, La Ceiba; y Manuel Gálvez, Islas de la Bahía.
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Con relación a los tres aeropuertos del norte del país, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), le ha hecho saber al régimen la pruesta de una organización sin fines de lucro puede hacerse cargo; no obstante, aún no se ha recibido una respuesta de parte de la Comisión Especial del Congreso Nacional que supervisa la concesión del Villeda Morales.
Y es que de acuerdo con el diputado Jaime Villegas, miembro de la mencionada comisión, esta es la oportunidad que tiene el régimen Juan Hernández para “hacer algo bueno por los aeropuertos”, omitiendo que esta administración se ha encargado de repartir bienes públicos por truculenta privatización de los recursos del Estado.
En ese contexto el expresidente del Cohep, Luis Larach asegura que en el país el sector privado siempre demostró ser más eficiente que el Gobierno en el manejo de bienes y servicios, citando los casos de la Declaración de Aduanas y Precintos de Seguridad de Contenedores, donde los industriales nunca han sido cuestionados por transparencia o fallas a la honestidad.
El presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Pedro Barquero, apoya la idea: “Los aeropuertos deben estar en manos de una Fundación sin fines de lucro para que cada centavo sea usado para beneficio de los usuarios y mejorar la competitividad del país”, dijo en su cuenta de Twitter.
Con relación a Toncontín, éste será adjudicado el 1 de octubre a la empresa Palmerola International Airport (PIA), propiedad del empresario Lenir Pérez, quien ganó el derecho de concesión sin licitación pública y sin presentar un informe técnico que garantice la capacidad de operatividad de esa empresa, creada apenas en enero de 2016.
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