Esta semana ha sido difícil para el periodismo hondureño, cuatro comunicadores perdieron la vida en menos de 48 horas, dos fueron acribillados y dos perecieron ante el Covid-19 y, por si fuera poco, ayer el comunicador social y director del programa independiente “El Perro Amarillo”, Milton Benítez, denunció que el centro de trabajo fue atacado.
El equipo de Benítez publicó la alerta en las redes sociales del programa, alegando que en la irrupción a las oficinas se hurtó documentos y equipos con evidencia sobre varios casos de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Mientras el periodismo nacional buscaba asimilar la muerte de cuatro comunicadores en menos de 48 horas, sobre todo porque dos casos están relacionados a la pandemia de la violencia, trascendió otro golpe a la libertad de expresión.
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Ayer sábado el equipo que labora en el programa independiente, “El Perro Amarillo”, dirigido por el comunicador social, Milton Benítez, denunció que sus oficinas fueron atacadas en un hecho que calificaron como represalia ante las constantes denuncias que este medio de comunicación ha publicado.
“Irrumpen en el estudio, hurtan equipo y documentos. El hecho no es aislado y es una clara represalia debido a nuestras denuncias sobre la corrupción en las instituciones de gobierno y el sector financiero”, dicta la publicación en las redes sociales oficiales del programa.
Además, el equipo que labora con Benítez ha sido claro en responsabilizar directamente al régimen de Juan Hernández “y a las autoridades de seguridad que no actuaron ante nuestra denuncia anterior de asalto a nuestras instalaciones, y denunciamos la negligencia cómplice del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y el Mecanismo de Protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que no han actuado conforme al nivel de exposición de nuestro equipo de trabajo”.
En el programa de anoche, Benítez compartió las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad durante el primer asalto a las instalaciones de “El Perro Amarillo”. El ataque a este medio de comunicación alternativo no se explica, ya que en plena cuarentena por Covid-19 se ha entregado el control absoluto a las fuerzas de seguridad.
Cabe mencionar que en 2016 las antiguas oficinas de EL LIBERTADOR en el barrio Guadalupe de Tegucigalpa, capital hondureña, también fueron saqueadas para hacerse de dispositivos con información delicada. Un año después ocurrió el atentado contra el director fundador Jhonny Lagos y su esposa, Lurbin Cerrato, también periodista.
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De acuerdo con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), en Honduras al menos 80 periodistas han sido asesinados de 2003 a la fecha, la mayoría de casos siguen impunes y al menos el 90 por ciento de los crímenes han ocurrido después del golpe de Estado de 2009.
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