El exalcalde del Distrito Central, Miguel Rodrigo Pastor (foto centro), guarda prisión desde mayo anterior acusado de la comisión de 21 delitos de fraude, cohecho y participación para el lavado de activos en el caso conocido como Narcopolítica.
El exjefe de “Los Cachiros”, Devis Rivera, dijo en la Corte de Nueva York, que cuando Pastor era director de Soptravi le concedió más de 68 millones de lempiras en contratos, a cambio de su apoyo a la campaña del ex presidente Porfirio Lobo.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Sin lugar. Así declaró la Corte de Apelaciones de lo Penal con competencia nacional en materia de corrupción, la solicitud presentada por la defensa del ex edil capitalino, Miguel Rodrigo Pastor, a fin de favorecerlo con el recurso de habeas corpus o exhibición personal en el juicio en su contra.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones decidió declarar, por unanimidad de votos, el recurso presentado por la defensa de Pastor. La decisión fue anunciada en la cuenta de Twitter del Poder Judicial.
Cabe aclarar que el artículo 182 de la Constitución de la República, contiene el derecho de habeas corpus que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias. Proporciona la garantía de comparecer de forma inmediata y pública, ante un juez para que este determine si el arresto fue o no conforme a ley y si debe continuar en prisión.
Pastor guarda prisión por suponerlo responsable de 21 delitos de fraude, cohecho y participación para el lavado de activos, en el sonado caso de “Narcopolítica” presentado por la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
La investigación surgió tras las declaraciones del ex jefe de la banda criminal “Los Cachiros”, Devis Rivera Maradiaga, en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde aseguró haberle dado dinero para la campaña de 2009 al presidente (2010-2014) por el Partido Nacional, Porfirio Lobo Sosa.
A cambio, Rivera Maradiaga y sus compinches formaron empresas a las cuales, una vez ganadas las elecciones, el Estado les concedería jugosos contratos. Ya en el poder –dijo Rivera–, Lobo Sosa nombró a Miguel Pastor como director de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi); y a Walter Noé Maldonado como director de Carreteras. Los funcionarios supuestamente les otorgaron 21 contratos valorados en más de 68 millones de lempiras, a la empresa INRIMAR creada por Rivera.
El informe de la MACCIH sostiene que: “Las obras asignadas por estos contratos en su mayoría no se realizaron, e incluso parte del dinero asignado por estos contratos no se cobró sino años después, porque el propósito de la asignación de estos contratos, era prestigiar y legitimar a la empresa INRIMAR, para lavar dinero proveniente del tráfico de drogas internacional a través de dicha empresa”.
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