Cuando está por cumplirse el bicentenario de independencia de la patria centroamericana (1821-2021), entre educadores, artistas e intelectuales empieza a crecer la idea de provocar una amplia y democrática reflexión sobre esa efemérides, que sirva para hacer revisiones del presente, análisis profundo de las causas primarias de nuestra crisis política casi endémica, así como para estudiar la actuación de los próceres y figuras relevantes y sobre todo el problema fundamental de la dependencia y el severo déficit de soberanía, presentes tras dos siglos de aquel suceso.
Como trasfondo de esas inquietudes y realidades confrontadas asoman ya las publicaciones que expondrán la insalvable pregunta: ¿Somos o no independientes? ¿Sobre qué bases hablar hoy de construcción de independencia y autonomía…?
Sumándonos por anticipado, ya sea a las celebraciones gozosas como a las dudosas del entorno oficial, queremos proponer otro modo de conmemoración, consistente en replantear, a 200 años de espera y desesperanza, los anhelos originarios de los próceres, consistentes en la búsqueda de modernidad económica y de desarrollo político, social y cultural, en tanto objetivos regionales que falta transformar en realidad.
Que en 2021 Honduras sea declarada territorio libre de analfabetismo, como lo consiguieron ya otras naciones americanas. En tal fecha se cumplirán casi dos siglos desde que la Revolución Morazanista decretara el establecimiento de la escuela obligatoria y gratuita en Centroamérica, por lo que ante atraso tan obvio se ocupan medidas científicas radicales, como las que propone el modelo finlandés, donde para superar el subdesarrollo educativo se asigna dos maestros por aula durante pre-escolar y grados iniciales de instrucción básica.
Que las estadísticas de pobreza y miseria se reduzcan por mínimo al 50% del estado actual.- Que se provea respuesta técnica efectiva para enfrentar el terrible déficit de vivienda (800,000 unidades faltantes en 2014) acaso mediante la edificación de colectivos multifamiliares administrados en estricta gerencia por unidades especializadas de control y respeto civil, con la meta de generar comunidades ambientalmente sostenibles de vecinos solidarios.
Que 2021 signifique paz social en el campo. Para ello es necesaria la ejecución equitativa y armónica ––además que contemporánea, propia del siglo XXI–– de una ley de política y reforma agrarias que redistribuya la tierra ociosa del latifundio, proteja la propiedad de cooperativas y comunidades de grupos indígenas y contemple estímulos fiscales tanto para la producción agrícola de pequeñas y grandes plantaciones de abasto local y exportación, capaces de proveer alimentos como de generar empleo, y que refuerce a su vez a la mediana unidad productiva, esencialmente familiar.
Y puesto que todo ello exigirá recursos extraordinarios, urge abrir el debate público en torno a la inconveniencia de ciertas exoneraciones no justificadas ––que sustraen al erario 30 mil millones de Lempiras por año, sea en regalías o elusión fiscal––, que se proceda a modificar la injusta estructura tributaria, se haga eficiente la administración del gasto ––que es otro instrumento de ahorro–– y a crear con técnicos especialistas la Comisión del Petróleo, cuya concesión de ese bien natural debe revisarse.- Que se entregue el bosque nacional y su manejo técnico a jurisdicción de las municipalidades, debiendo estas aportar, contra reembolso, los productos cosechados a una autoridad forestal que los comercie interna y externamente.
Que si se pretende impedir que prolifere la violencia debe clausurarse de inmediato al servil negocio de La Armería, sus 25 tiendas y polígonos, que inyecta mes por mes al mercado legal e ilegal, de la defensa justificada pero igual del crimen estructurado, no menos de tres mil nuevas armas que pasan a hacerse instrumentos primarios para resolver controversias y dificultades, en vez de lograrlas por la paz. No es posible que el Estado cínicamente alegue que bate a la violencia a la vez que disemina sus instrumentos de matar.
Que se impone el desarme universal en Honduras, donde sólo la autoridad constituida porte armas, sin exclusión de que las tenga cualquiera en su casa.
Que las empresas privadas de comunicación, que lucran con las frecuencias del espectro electromagnético, se sometan, como corresponde por utilidad pública, a la transmisión de campañas formativas y de estímulo del civismo, de convivencia y patriotismo, sin costo ninguno por los espacios que el Estado emplee para esa divulgación.
Que la cultura nacional y universal sea el eje integrador de toda acción colectiva y estatal.- Nunca más edificios gubernativos sin estética ni obras de arte; nunca más puentes sin estatuas, arcos y luces; nunca más discursos sin citar a héroes patrios y al pensamiento de intelectuales lúcidos y progresistas; nunca más cultos supersticiosos a vagos dioses foráneos, nunca más la demagogia de bipartidismos falaces, nunca más corrupción e irresponsabilidad pública.
La patria se obliga a recuperar la experiencia de la tercera edad ––hoy bagazo desechable–– en cuanto motor de contribución al desarrollo, así como queda obligada a reforzar la identidad colectiva mediante el estudio sistemático y la divulgación incisiva del numen de los próceres, de los ancestros y grupos forjadores del patrimonio histórico.
Finalmente, y no es exigencia menor, se torna obligatoriamente democrático, si deseamos un Estado de derecho y bienestar social, que la educación sea absolutamente gratuita desde pre-escolar a nivel de noveno grado.
Seguimos pensando, más allá de partidismos y circunstancias, en torno a mecanismos que generen independencia y exalten la dignidad nacional.
País de Indignados, Junio 16, 2016
· ISMAEL MORENO, sj
· DARÍO EURAQUE
· RODOLFO PASTOR FASQUELLE
· VÍCTOR MEZA
· EDUARDO BÄHR
· PATRICIA MURILLO
· WILFREDO MÉNDEZ
· HUGO NOÉ PINO
· HELEN UMAÑA
· EFRAÍN DÍAZ ARRIVILLAGA
· MAURICIO TORRES MOLINERO
· RAMÓN ENRIQUE BARRIOS
· LETICIA SALOMÓN
· MARVIN BARAHONA
· JULIO ESCOTO
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