El titular del Poder Judicial, Rolando Argueta (foto) y la Misión de Acompañamiento Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH) informaron que aplicarán estrictos controles para la contratación de jueces anticorrupción y antimafias.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El titular de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Rolando Argueta, informó que contarán con el respaldo de la Misión Antiimpunidad de la OEA (MACCIH) para la selección de jueces que combatirán la corrupción.
Argueta explicó que la MACCIH “realizará acompañamiento del Poder Judicial” a fin de escoger jueces anticorrupción y de tribunales de sentencias, magistrados de cortes de apelaciones, entre otros.
Asimismo, señaló que se estudia la firma de un acuerdo o protocolo para que haya normas establecidas para la selección de jueces y consideró que haya dificultades para que “se escojan personas equivocadas”.
“El proceso de selección contempla en nombrar una comisión que nos dará el equilibrio en relación a los procesos. Estará integrada por un magistrado de la Sala Penal, uno de la Sala Laboral y un miembro de MACCIH. Habrá un cuarto miembro como secretario de la Sociedad Civil que tendrá voz, pero no voto”, dijo el titular del supremo tribunal.
Para la contratación de jueces y magistrados anticorrupción, se tiene previsto un fondo de 216 millones de lempiras que aprobó el Parlamento en fecha reciente. No obstante, señaló que esperaban que se les diera 240 millones para cumplir los compromisos.
Se espera la contratación de jueces nacionales que combatirán la corrupción y operarán en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba; se añadirán dos tribunales de sentencias para las dos principales ciudades hondureñas.
En La Ceiba, región atlántica, operará el tribunal antiextorsión. Sobre las cortes de apelaciones, estas operarán en la capital y su cobertura será las zonas central, sur y oriental. La segunda corte de apelaciones operará desde San Pedro Sula y abarcará la región noroccidental.
Además, se añadirán en otras ciudades salas adiciones de tribunales de sentencias, cortes de apelaciones y dependencias adicionales, a fin de dar la cobertura para juzgar casos de corrupción y extorsión.
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