Entre las prohibiciones que tendrá la nueva Ley de financiamiento de campañas políticas, es la prohibición a los partidos políticos y candidatos, recibir donaciones de organizaciones extranjeras, gobierno central, contribuciones anónimas, ayudas gremiales o sindicales y dinero ligado a actos ilícitos o crimen organizado.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión de Asuntos Electorales del Parlamento hondureño se reunirá este martes con la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH) para discutir la Ley de financiamiento de las campañas políticas, que fue remitida por el presidente Juan Hernández.
La propuesta del Poder Ejecutivo intenta regular el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales con el propósito de evitar la infiltración del crimen organizado.
Con la norma, según el proyecto de ley, es “regular la materia electoral en lo referente al financiamiento y patrimonio político electoral, particularmente en los niveles electivos de presidente y designados presidenciales, diputados y alcaldes de los partidos políticos, alianzas, candidaturas independientes, movimientos internos de los partidos y cada uno de sus precandidatos y candidatos”.
La MACCIH informó que está a favor de regular la recepción de fondos en las campañas En su momento se reveló la participación de alcaldes y aspirantes a cargos políticos en actividades ligadas al narcotráfico y crimen organizado.
En el proyecto de ley se pretende la instalación de una “Oficina de Control Financiero del Financiamiento y Patrimonio Electoral”, siendo una entidad independiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El organismo será dirigido por un comisionado que será nombrado por el TSE previo a la propuesta del Consejo Nacional Anticorrupción y se encargará de regular y supervisar actividades de financiamiento en partidos políticos, alianzas, movimientos internos, candidaturas independientes y toda noción ligada a campañas electorales.
La comisión parlamentaria deberá conocer otros dos proyectos que fueron presentados por la Unificación Democrática (UD) y el segundo presentado por el organismo rector de los comicios electorales que, por ahora, está archivado.
Respecto a financiamientos privados, se establece que las instituciones políticos electorales, sus candidatos y precandidatos, tienen que llevar un registro de toda contribución monetaria de especie, notificando posteriormente a la Oficina de Control.
Entre las prohibiciones que tendrá la nueva normativa, es la prohibición a los partidos políticos y candidatos, recibir donaciones de organizaciones extranjeras, gobierno nacional, contribuciones anónimas, ayudas gremiales o sindicales y sobre todo dinero ligad a actos ilícitos.
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