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La secretaría de Salud de Honduras dijo que cuenta con 250 millones de lempiras para emprender campañas de fumigación para evitar la propagación del zancudo que transmite el dengue, chikunguña y zika.    

Alrededor del 80 por ciento de más de tres mil encuestados por las redes sociales de EL LIBERTADOR, consideran al presidente Juan Hernández como el peor “funcionario de 2015”.  

El jefe del banco de sangre, José Alfaro, señaló que “esperamos que las emergencias no se nos salgan de las manos”, pero las existencias disponibles pueden agotarse en el transcurso de nochevieja.  

El gobernante Juan Hernández, dice que replanteará la estrategia de seguridad del gobierno para los próximos años, por lo que pretende instalar jueces nacionales que combatan la extorsión. El mandatario los incluirá en la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA).  

“Hemos recibido el informe de la autopsia de un paciente masculino y se ha confirmado que la causa de su muerte fue una infección por el virus del dengue”, dijo el subsecretario de Salud, Francis Contreras. Expresidenta de enfermeras denuncia que hay más muertes por el virus.  

El expresidente hondureño Manuel Zelaya advirtió que si Juan Hernández pretende rebelarse a EE.UU. “será extraditado”, mientras tanto, si obedece los lineamientos de Washington y defiende los intereses de ese país, “ahí estará”.  

“Vamos a apoyar fuertemente las fuerzas nacionales contra la extorsión,  y la idea es que a Fusina  se siga apoyando aún con más con recursos  y también con más apoyo en todos los sentidos”, dijo el presidente hondureño.  

“Las altas tasas de asesinatos y la pobreza están relacionadas entre sí”, afirma la Jefa de Estadística de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Angela Me.  

La mayoría de requerimientos fiscales están relacionados con actos de corrupción cometidos por funcionarios, personas que dirigieron entidades públicas e individuos, dijo el jefe de fiscales del Ministerio Público. Rolando Argueta (foto).  

Los militares que participaron en la muerte de dos jóvenes en Iriona, caribe de Honduras, fueron suspendidos de sus cargos y han sido enviados a tribunales para que den cuentas sobre el doble crimen que ha enardecido a moradores de la localidad.