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Los 184 expedientes de masacres y desaparecidos durante la guerra fría, auspiciada por Estados Unidos en Honduras, serán investigados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, y según han dicho darán respuesta final a familiares y a la sociedad hondureña.

Miles de hondureños indignados salieron a marchar ayer, una vez más como ha pasado en los últimos catorce viernes; esta vez llegaron a la oficina del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), a exigirle que se una a la petición de la sociedad hondureña de combatir la corrupción e impunidad.

Miles de personas se movilizaron en la capital de Honduras para pedir la dimisión del gobierno y la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad patrocinada por la ONU; hoy habrá más marchas. 

El presidente Juan Hernández decretó emergencia por las sequías que se reportan en unos 146 municipios de Honduras.-Ordenó la creación de una fuerza de tarea para que de inmediato asista a los afectados por las sequías.   

Arnaldo Bueso y Omar Rivera fueron escogidos de forma turbulenta como miembros de una comisión que nombrará dos miembros de la Junta Nominadora para escoger a los magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia de Honduras. Denuncian que ambos son allegados al presidente Hernández.  

Juan Hernández criticó a las bancadas de Libre, Partido Anticorrupción (Pac) de no haber votado a favor del multimillonario préstamo para seguir con el programa bono 10 mil.

A partir del próximo cuatro de septiembre entrará en vigor el decreto legislativo 56-2015 que estipula la Ley Marco del Sistema de Protección Social.

En el nuevo Código Penal, se regula la prisión a perpetuidad, las penas a personas jurídicas o penas corporativas, además delitos informáticos como la suplantación de identidad, espionaje informático, difusión de información falsa, entre otros.  

Varias ciudades de Honduras fueron tomadas por el pueblo indignado, quienes reclaman la renuncia del presidente Juan Hernández y la instalación de la Comisión Contra la Impunidad, similar a la que opera en Guatemala y que ha desarticulado redes mafiosas.

En un hecho sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala abre la vía para juzgar al presidente Otto Pérez Molina, acusado de actos de corrupción en el sistema tributario de ese país; varios colaboradores ya están presos y otros permanecen prófugos.