A criterio del abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, las reformas penales que plantean en el Congreso Nacional, podría abrir la puerta a la criminalización de defensores del territorio, ciudadanos que sean críticos y se movilicen contra con la actual gestión de Nasry Asfura.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El abogado y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, advirtió que las reformas al Código Penal promovidas por el bipartidismo hondureño abren la puerta a posibles abusos de poder, al autorizar allanamientos sin orden judicial en zonas donde operen supuestos “grupos terroristas”.
El profesional del derecho comparó estas disposiciones con medidas adoptadas en Nicaragua, donde “la Policía puede allanar, intervenir, espiar y confiscar bienes sin orden judicial” y que fácilmente se presuma la presencia de “terroristas” para facilitar detenciones arbitrarias.
“Existe el peligro que, con una noción tan vaga y amplia de terrorismo, se acuse de ‘terroristas’ a quienes defienden los territorios, los bienes comunes y tienen una postura crítica frente al uso arbitrario del poder”, dijo.
Mejía recordó que el caso de las personas defensoras del río San Pedro y Guapinol, es un ejemplo claro de este peligro, pues fueron juzgadas por criminalidad organizada y enviadas a una prisión de máxima seguridad, a pesar de que su única labor fue defender los bienes comunes: “¿Quién asegura que los allanamientos no se utilizarán en contra de la disidencia?”.
Además, resaltó que la ciudadanía no confía en la forma que se maneja el actual orden judicial, de acuerdo a los resultados del Sondeo de Opinión Pública (SOP) del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ): “El 86 por ciento de la gente cree que jueces y magistrados protegen los intereses de los ricos, poderosos, corruptos y narcotraficantes”.
Mejía recordó que ese estudio también muestra que el 80.2 por ciento de los entrevistados manifestó desconfianza en el Ministerio Público; el 77.1 por ciento en la Policía Nacional; el 71.3 por ciento en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); el 67.8 por ciento en la Policía Militar y el 66.9 por ciento en las Fuerzas Armadas.
“La población no confía en quienes deberían garantizar nuestros derechos”, concluyó el togado haciendo una comparación a un patrón regional que exhibe la hipocresía de sectores que en el período 2022-2026 fueron altamente críticos.
Deja un Comentario