El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció que la reciente resolución que habilitó al diputado Jorge Cálix para aspirar a una candidatura en Olancho viola abiertamente la ley hondureña ya que el pleno del órgano electoral actuó fuera de la legalidad y por motivaciones políticas.
Según Morazán, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, desobedeció el procedimiento legal y usurpó funciones al resolver sin integrar a un magistrado suplente, tal como establece la Ley Electoral, por lo que: “en este tribunal lo jurídico quedó afuera, todo lo que están viendo es político”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, denunció que la reciente resolución que habilitó al diputado Jorge Cálix para aspirar a una candidatura en Olancho viola abiertamente la ley electoral hondureña ya que el presidente del organismo, Mario Flores Urrutia, y la magistradas Miriam Barahona, actuaron fuera de la legalidad y por motivaciones políticas.
Según Morazán, el presidente del TJE, Mario Flores Urrutia, desobedeció el procedimiento legal y usurpó funciones al resolver sin integrar a un magistrado suplente, tal como establece la Ley Electoral y lamentó que “lo jurídico ha quedado afuera, todo lo que están viendo es político”.
DE INTERÉS: “YO NO ME QUIERO CAGAR EN TU VIDA”: MAGISTRADO NACIONALISTA A MARIO MORAZÁN
La controversia surge luego de que el pleno del TJE —sin la participación del magistrado Morazán— aprobó la solicitud de Jorge Cálix para inscribirse como candidato a diputado por el departamento de Olancho en las elecciones generales del 30 de noviembre.
El caso generó polémica porque Cálix había participado en las primarias como precandidato presidencial siendo derrotado, lo que según la ley lo inhabilitaba para postularse nuevamente en el mismo proceso electoral.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) había resuelto que Cálix no podía inscribirse, pero el TJE admitió una medida cautelar presentada por su equipo jurídico y ordenó detener la impresión de papeletas en Olancho y Valle mientras resolvía el caso.
Finalmente, el tribunal decidió habilitarlo, extendiendo el mismo criterio a un aspirante del Partido Nacional en el departamento de Valle, bajo circunstancias similares.
Durante su comparecencia ante medios, Morazán explicó que la resolución del TJE “no tiene validez jurídica” porque se dictó al margen de la ley y “hay una jerarquía normativa: por encima están los tratados y la Constitución, luego las leyes y después los reglamentos. Ninguna disposición interna del Tribunal puede estar por encima de la ley”.
El magistrado sostuvo que el presidente del TJE actuó con desacato al disponer procedimientos distintos a los establecidos: “Lo que hay es un desacuerdo del magistrado presidente con la ley. No le gusta lo que dice la ley, entonces está disponiendo procedimientos distintos y tergiversando la verdad”, afirmó.
DE INTERÉS: MAGISTRADOS INCURREN EN DELITO AL QUERER INSCRIBIR A CÁLIX, ADVIERTE ANALISTA
Uno de los puntos que más cuestionó fue la falta de aplicación del artículo 45, que exige que, cuando un magistrado sea recusado, el presidente debe emitir una providencia integrando a un suplente para resolver el caso.
Según Morazán, Flores Urrutia no cumplió con ese mandato y continuó el trámite como si nada y explicó que, incluso, si la recusación no cumpliera todos los requisitos formales, la ley exige que se tramite, y solo después el pleno —sin el recusado— decide si procede o se rechaza.
Morazán también denunció que el presidente del TJE convocó sesiones para conocer solicitudes de medidas cautelares “que aún no habían ingresado” al tribunal, lo que calificó como una “colusión evidente” entre Flores Urrutia y actores con intereses en los casos de Cálix y un candidato a diputado en Valle.
“Aquí se configura el delito de usurpación de funciones y tráfico de influencias. Está absolutamente evidenciado”, aseveró.
Al ser consultado si en el TJE prevaleció lo político sobre lo jurídico, Morazán respondió: “Ustedes no pueden tener duda de eso. En un audio que hicimos circular, el magistrado presidente me dice expresamente: ‘Esto no es jurídico, esto es político’. Entonces, todo lo que están viendo es político. No es una decisión jurídica”.
El funcionario electoral agregó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de los hechos y que los tres magistrados propietarios del TJE —él, Flores Urrutia y Miriam Barahona— han solicitado una investigación formal, ya que “aquí se han configurado tipos penales. Si alguien comete un delito, el Ministerio Público tiene que investigar”, señaló.
Finalmente, aclaró que las decisiones del TJE deben seguir un proceso institucional: “Las resoluciones pasan por la Secretaría General del Tribunal, que las remite al Consejo Nacional Electoral. Luego, el CNE, a través de sus tres consejeros, decide cómo proceder. No hay automatismos ni inscripciones directas”.
Deja un Comentario