El exfuncionario electoral, Augusto Aguilar, explicó que es deber del Ministerio Público investigar sobre cualquier delito que pueda frenar el proceso democrático en Honduras.
Asimismo, la consejera electoral suplemente, Karen Rodríguez, pidió que la Fiscalía actúe con firmeza ya que cuatro de los cinco consejeros del órgano electoral en el último mes, han alertado que las irregularidades internas podrían comprometer la legitimidad de los comicios.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El exmagistrado del entonces Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, confirmó que las acciones tomadas desde el Ministerio Público (MP) para investigar anomalías y posibles delitos dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE) están orientadas en el marco de la ley.
Según el exmagistrado, corresponde al ente acusado del Estado investigar cualquier delito que pueda ocurrir con relación a las próximas elecciones generales.
Además, la consejera electoral suplente, Karen Rodríguez, instó al MP a actuar con firmeza y responsabilidad ante las denuncias formuladas por cuatro de los cinco consejeros del órgano electoral en el último mes, alertando que las irregularidades internas podrían comprometer la legitimidad de los comicios.
Rodríguez recordó que el 7 de julio, el consejero Marlon Ochoa denunció intromisión humana en el pliego de condiciones del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Días después, el 20 de julio, consejeros suplentes señalaron la ilegalidad en las convocatorias al pleno por parte de la presidenta del organismo, Cossette López, y reafirmaron su preocupación por el manejo del TREP.
La situación escaló el 25 de julio, cuando la funcionaria electoral Ana Paola Hall presentó su renuncia ante el Congreso Nacional y reveló que recibió amenazas y presiones de su partido, lo cual, según su testimonio, la llevaron a tomar decisiones al margen de la ley.
En ese sentido, el fiscal general, Johel Zelaya, ordenó intervenir las oficinas del CNE mediante agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), quienes secuestraron documentos que podrían convertirse en pruebas clave para demostrar una posible injerencia de intereses políticos dentro del organismo.
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