El titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, afirmó que el Consejo Electoral no está exento de control legal ni sus consejeros gozan de inmunidad, esto ante críticas de la oposición que “condena” la “injerencia” del Ministerio Público que investiga el fiasco electoral del 9 de marzo y la denuncia de la representante, Ana Paola Hall.
Redacción Central / EL LIBERTADOR.
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, recordó que ninguna institución autónoma como el Consejo Nacional Electoral (CNE) está exenta de ser investigada, requerida, procesada o enjuiciada por el Ministerio Público (MP) en caso de comisión de delitos.
Redondo subrayó que la Constitución de la República no otorga inmunidad absoluta a los consejeros del CNE ni permite que actúen arbitrariamente o al margen de la ley, usurpando funciones que corresponden a otros órganos del Estado.
“Eso mismo pretendía el bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) con las ZEDE: crear territorios donde no llegara la justicia, ni la extradición; espacios con su propia “democracia”, sus propios jueces y su propio modelo de gobierno; todo eso está expresamente prohibido por nuestra Constitución”, agregó.
Añadió que la Constitución hondureña establece límites claros para todas las instituciones y poderes del Estado y es eso lo que “no se le dice al pueblo hondureño cuando se cuestiona una investigación del Ministerio Público que tiene fundamento jurídico y que, además de indagar posibles delitos cometidos por el CNE, busca proteger la democracia y el Estado de derecho en Honduras”.
El congresista también citó el artículo 213 de la Constitución, el cual obliga a todos los “funcionarios y empleados públicos, antes de tomar posesión de sus cargos, a prestar promesa de ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes”.
Finalmente, advirtió que “ningún funcionario está exento de esta obligación, sin importar si pertenece a una institución autónoma, descentralizada o de rango constitucional. El incumplimiento de esa promesa puede acarrear responsabilidades legales, administrativas e incluso penales”.
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