“Exigimos una respuesta por parte de ellos en cuanto a las acciones que se tomarían”, declaró la secretaria de Derechos Humanos, Angelica Álvarez, con relación a la investigación sobre los presuntos crímenes cometidos por militares estadounidenses en el país.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. EL LIBERTADOR reveló una investigación realizada por diferentes organizaciones de derechos humanos en el país, donde se documentó denuncias y testimonios de mujeres que presuntamente fueron abusadas y violentadas por militares hondureños con la participación directa e indirecta de soldados estadounidenses radicados en la base de Palmerola, Comayagua.
Según lo revelado en el informe, militares estadounidenses y hondureños son los presuntos responsables de graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas, desapariciones forzadas, trata de mujeres y agresiones cometidas desde la base militar Soto Cano –donde también opera la Fuerza Conjunta Bravo de Estados Unidos–.
La titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Angélica Álvarez, manifestó a EL LIBERTADOR que se presentó un informe detallado a la Embajada de Estados Unidos en Honduras, documentando cada uno de los casos de abusos. Sin embargo, lamentó la falta de respuesta por parte de la representación diplomática de ese país, Laura Dogu.
“Considero irresponsable la falta de respuesta por parte de la embajada de los Estados Unidos, con quien nosotros tenemos relaciones diplomáticas y comerciales y hemos mantenido una relación cordial durante todo este tiempo, exigimos una respuesta por parte de ellos en cuanto a las acciones que se tomarían”, expresó.
Además, la funcionaria hizo un llamado a las autoridades para que den seguimiento al informe y así dar justicia por las victimas que se han documentado desde la instalación de la base a inicios de la década de 1980.
Álvarez subrayó que diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado también estas las violaciones cometidas, señalando que los abusos sexuales reflejan un patrón de violencia sistemática que no ha sido abordado con la debida seriedad por las autoridades.
El abogado y experto en derechos humanos, Joaquín Mejía, sostuvo que el informe debería provocar una reacción inmediata del Ministerio Público, impulsando investigaciones y presentando requerimientos fiscales contra los responsables.
“Si el Ministerio Público encuentra pruebas suficientes, debe proceder. Cómo está pasando con el general Romeo, no lo acusó por lesa humanidad, sino que por homicidio simple y es más complicado. En este caso, involucra militares en el sentido debe de analizar si son crímenes de lesa humanidad tiene que reunir unos requisitos porque son de gravedad y por eso, insisto, la importancia que tiene aquí el papel del Ministerio Público y qué medidas urgentes deben de tomar”, explicó.
El jurista también sugirió que la Cancillería de Honduras presente formalmente el informe ante la Embajada norteamericana “para que puedan proceder contra los militares estadounidense”.
Y, además, enfatizó que es necesario agotar todas las instancias judiciales nacionales para que el caso pueda ser llevado ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Sobre el tema, la designada presidencial, Doris Gutiérrez, recordó que no es la primera vez que se denuncian violaciones de militares contra mujeres en Honduras.
“Desde el golpe de Estado en 2009, se documentaron múltiples agresiones sexuales por parte de agentes de seguridad, muchas de las cuales fueron llevadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero sin justicia para las víctimas”, señaló.
Asimismo, enfatiza que el Estado hondureño tiene la obligación de garantizar justicia para las víctimas y demostrar que ningún perpetrador, sin importar su rango o nacionalidad, está por encima de la ley
También criticó la falta de respuesta de la embajadora Laura Dogu: “no sé por qué seguimos esperando que Dogu resuelva esto. El Poder Judicial es nuestro y debemos fortalecerlo para que estas denuncias no queden impunes, mientras nosotros no limpiamos la casa como debemos hacerlo y no tengamos organismos jurisdiccionales creíbles, no debemos estar pidiendo de afuera que nos vengan a resolver los problemas nuestros”, concluyó.
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