El titular de la Secretaría de Finanzas, Christian Duarte, aplaudió que el Congreso Nacional iniciara con los debates para la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, resaltando que la confirmación de este mecanismo será un evento histórico que pondrá fin “a los abusos de las 10 familias más ricas del país”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. “Aplaudimos la decisión del presidente Luis Redondo, de iniciar los debates en el Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Tributaria”, así reaccionó el secretario de Finanzas (Sefin), Christian Duarte, sobre la discusión en el hemiciclo para aprobar la reforma que ha estado en socialización durante un período de más de 18 meses.
El funcionario extendió que la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria representará un hito importante en la historia del país, ya que “pondrá fin a los abusos de las 10 familias más ricas y sus esquemas legalizados para evadir el pago de impuestos”.
En ese sentido, Duarte resaltó que este evento dejará entrevisto el papel de los congresistas, ya que: “Por fin se verá cuáles diputados están del lado del pueblo y cuáles del lado de los multimillonarios y evasores”.
El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, expuso durante la sesión y previo a la lectura del dictamen, que la Ley de Justicia Tributaria es “una herramienta crucial para construir un sistema tributario que responda a las necesidades del pueblo hondureño”.
“Si la clase privilegiada ha logrado comprar a la mayoría de la voluntad de Congresos Nacionales anteriores, todavía quedan los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la consulta que fácilmente se pueden hacer en las próximas elecciones generales para aprobar esta ley”, advirtió Redondo.
Y, es que, distintas organizaciones como Oxfam Honduras y académicos en economía de prestigio mundial e incluso ganadores del Premio Nobel en este rubro, han reiterado en muchas ocasiones que el Estado hondureño urge de una reforma tributaria que garantice justicia fiscal.
Por ejemplo, el Espacio de Asociación de Cooperación Internacional (ACI), compuesta por 34 oenegés internacionales en Honduras, señaló que esta ley es necesaria porque busca recaudar impuestos de manera más justa, equitativa y efectiva para combatir la pobreza y las desigualdades.
Lo anterior, refiere que los recursos tributarios se destinen a financiar políticas públicas que garanticen el acceso a bienes y servicios básicos, un ambiente sano y un sistema de protección social justo, y actualmente, el sistema tributario hondureño se caracteriza por una baja y deficiente recaudación, por ejemplo, cada año el país deja de percibir unos 50,000 millones de lempiras con el esquema de exoneraciones, monto anual que se paga en términos de deuda.
El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), señala que el sistema fiscal hondureño es regresivo, porque el 74 por ciento de los impuestos provienen de impuestos indirectos sobre el consumo, es decir, generados por toda la población en general, pese a que seis de cada diez hondureños, viven en pobreza según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Como contra parte, los impuestos directos sobre la renta y la propiedad de los más ricos, solo representa un 26 por ciento.
Otra característica de regresividad del sistema tributario hondureño son las exoneraciones fiscales que se han convertido en verdaderos privilegios fiscales. Según Latindadd (2024), el 92 por ciento de las exoneraciones se concentra en el diez por ciento de las empresas, dejando apenas un ocho por ciento de estos beneficios para el resto de la industria.
Entre junio de 2009 y diciembre de 2022, el Gobierno dejó de recaudar 455 mil millones de lempiras por las exoneraciones, monto mayor que toda la deuda pública de Honduras acumulada en el mismo período que asciende a 389 mil millones de lempiras.
Ante esto, el presidente del Legislativo, Luis Redondo, explicó la urgencia de esta ley y si no se aprueba por la negativa de diputados afines a grupos privilegiados, recurrirá a mecanismos de consulta popular para que sean los hondureños que decidan si se aprueba o no la reforma tributaria.
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