La Secretaría de Finanzas (Sefin), a través de un comunicado ha expuesto que la dictadura de Juan Hernández, junto a aliados del sector privado y el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), con quienes se formaba el Comité Técnico del Fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), se drenaron 30,000 millones de lempiras en compras ocultas por la derogada “Ley de Secretos”.
Además, notificó que el director ejecutivo de la TSP contaba con una tarjeta de crédito con límite de hasta un 1,250,000 lempiras que se pagaba con fondos del fideicomiso y desde donde se adquirió boletos para conciertos, bebidas alcohólicas, viajes turísticos a diferentes países del mundo; y, entre otras compras de este “impuesto” de seguridad, se financió la compra del jet presidencial, según exclusiva de EL LIBERTADOR.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Durante la dictadura de Juan Hernández, 30,000 millones de lempiras de la Tasa de Seguridad Poblacional (TSP), fueron saqueados. Así lo ha pronunciado la Secretaría de Finanzas (Sefin), que este viernes ha emitido un comunicado de prensa donde expone que las operaciones fueron ejecutadas bajo secretividad y con aprobación del Comité Técnico del Fideicomiso (CTF) de ese “impuesto”.
En ese sentido, Sefin recuerda a la sociedad que el CTF estuvo integrado también por representantes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el ente de “sociedad civil”, el Foro Nacional de Convergencia (Fonac), y que dicho ente ejecutó “aproximadamente 30,000 millones de lempiras en compras opacas declaradas en reserva a través de la Ley de Secretos”.
Según el texto las compras se realizaron al margen de la Ley de Contratación del Estado y sin contar con un reglamento o procedimiento operativo.
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“El Fideicomiso de la Tasa de Seguridad que operó durante el gobierno anterior es un ejemplo más de cómo éstos fueron una estrategia de corrupción público-privada para drenar los fondos públicos y favorecer a privados con contratos asignados sin procedimientos de transparencia y control en el uso de los recursos públicos”, destaca el comunicado.
Además, señala que el fideicomiso de la TSP contrajo una deuda con el sector financiero que se pagará hasta 2031 con una tasa de interés del 12 por ciento, y que la actual administración ha tenido que renegociar las condiciones para bajar el interés al 7.5 por ciento, tras la derogación de ese mecanismo.
Sefin además recordó que el exdirector de la TSP, Francisco Roberto Cosenza, extraditado a Estados Unidos, acusado por aceptar sobornos de empresarios norteamericanos para adjudicar contratos valorados en más de 240 millones de lempiras por la confección de uniformes para la Policía Nacional.
Según el comunicado, el director ejecutivo del “Tasón” tuvo a su disposición una tarjeta de crédito con un límite de hasta de 1,250,000 lempiras, pagada con fondos del fideicomiso que incluso se utilizó para comprar boletos de conciertos, bebidas alcohólicas, “y se financiaron viajes por turismo a diferentes países del mundo”.
También, “más de 130 contratos sobrevalorados, sin liquidación o ejecutados fuera de la naturaleza del Fideicomiso, entre los que se encuentra la construcción de edificios y centros penitenciarios, la compra de 4,000 vehículos de patrullas, alquileres de helicópteros, comra de cámaras de seguridad y escáneres de los aeropuertos, compra de armas, municiones y la compra del avión presidencial, entre otros”.
El texto señala que se pagaron dietas a miembros del CTF por más 200 mil lempiras anuales. Y que: “Por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro, desde la liquidación del fideicomiso en 2022, esta Secretaría de Estado se encuentra preparando documentación sobre este y otros fideicomisos para ser remitida al Ministerio Público con su respectiva denuncia penal”
El comunicado concluye que, con la derogación de la Ley de Secretos y la derogación del Fideicomiso de la TSP, el Gobierno ha podido hacer radiografía sobre ese mecanismo que nunca entregó resultados notables por la seguridad ciudadana.
A continuación el documento íntegro:
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