El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), instó al Congreso Nacional que, de una vez, apruebe el nuevo marco legal de Protección Social, ya que a criterio del gerente general de la institución de prevenciones considerando que los trabajadores hondureños están en una “emergencia”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), a través de una conferencia de prensa celebrada esta mañana, instó al Congreso Nacional para que apruebe la Ley para a Administración del Fondo de Reserva Laboral y del Fondo de Capitalización Individual Complementario al Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que administra la institución.
Lo anterior en consideración de la derogación de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, la cual se ejecutó el 5 de abril de 2022; la aprobación solicitada, según la institución, estaría restituyendo derechos a más de 300,000 trabajadores hondureños.
Según explicó el gerente general del RAP, Enrique Burgos, la institución ha administrado de forma eficiente todos los recursos captados, asumiendo un compromiso con brindar los mejores servicios financieros a sus afiliados; no obstante, con la derogación se ha impactado el patrimonio familiar, pues trabajadores del sector privado dejaron de percibir más de 6,000 millones de lempiras.
Burgos destacó que el proyecto de ley está en poder del Congreso desde hace más de dos años y ha dicho a este periódico que el Legislativo debe considerar el tema como “una emergencia nacional. Imagínese, hemos dejado de percibir 6,000 millones de lempiras en el patrimonio de las familias y 500 millones en intereses”.
El ejecutivo perfiló que el tema es similar a cuando el país es golpeado por fenómenos naturales (huracanes), donde se habla de miles de millones de lempiras que se pierden.
Hay varios elementos en el enfoque de la protección social –meditó–, uno básico que corresponde al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), pero hay otros que son complementarios y deben ser la aspiración de país en vías del desarrollo.
Por su parte, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, compartió que la principal traba para estar en limbo con la protección social es “l Congreso Nacional, simple y sencillamente. No puedo decir otra cosa, nosotros como sector privado estamos más que de acuerdo en que todos nuestros trabajadores tengan una jubilación digna y tengan su seguro médico y de invalidez, vejez y muerte, esto es importante para nosotros”.
Sikaffy dijo a EL LIBERTADOR que Honduras perfectamente puede estudiar los marcos de protección social que se aplican en Chile o México, entre varios ejemplos que son muy buenos y desde donde puede surgir una propuesta más integral si se buscara una nueva ley.
Además, reflexionó que Honduras no puede seguir a la intemperie en este tema porque se está desperdiciando el bono demográfico de magnitud, por ello enjuicia que los diputados tienen una responsabilidad muy grande para aprobar la ley que brinde la protección necesaria.
Esta mañana, el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, reveló que, tras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Protección Social por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Poder Ejecutivo está avanzando en un proyecto en etapa final que reemplazará los elementos fundamentales de la sentencia de la Corte.
Noé Pino, enfatizó en la necesidad de una reforma profunda en el sistema de Seguridad Social en Honduras, tanto en su estructura de gestión como en su viabilidad. Esto se abordará con la discusión de la Ley del Sistema Integral de Protección Social.
Con relación a la nueva Ley de Protección Social, Noé Pino explicó que su objetivo principal es fortalecer las finanzas del Instituto Hondureño de Seguridad Social y del Régimen de Aportaciones Privadas (RAP).
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