El titular de Conatel, Leonel Sauceda, no reveló el nombre de las dos operadoras sancionadas por venta indiscriminada de chips de telefonía móvil, que vulnera la estrategia nacional antiextorsión; sin embargo, es necesario recordar que en Honduras el mercado es comandado exclusivamente por Tigo y Claro.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), ha tomado la decisión de imponer “sanciones millonarias” a dos empresas operadoras de telecomunicaciones, lo anterior debido a la venta indiscriminada de chips, sin cumplir con los requerimientos de registro contemplados en el “Plan Integral para el Tratamiento de la Extorsión y Delitos Conexos”.
“Nos hemos visto en la penosa obligación de sancionar a los operadores de las telecomunicaciones en virtud de sus reiterados incumplimientos de sus obligaciones de llevar un registro minucioso y detallado de la venta de los chips”, dijo el titular de la entidad, Lorenzo Sauceda.
Conatel afirmó haber mantenido conversaciones y reuniones con estas empresas con el objetivo de que cumplieran con las regulaciones vigentes en lo que respecta a la venta de chips y explicó que debían cumplir con su deber, “pero no lo hicieron”.
Si bien Sauceda no dijo el nombre de las sociedades mercantiles, se presume que las sancionadas son Tigo y Claro, ya que son las únicas dos que manejan telecomunicaciones a gran escala en el país.
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El comisionado también enfatizó que las empresas en cuestión, tienen derecho a emitir sus juicios y presentar apelaciones si así lo desean: no obstante, aclaró que las sanciones ya han sido emitidas por la comisión, después de llevar a cabo varias investigaciones de campo.
Sauceda reveló que en febrero pasado, Conatel auditó 350 chips para verificar la pertenecía de los usuarios; no obstante, las empresas no tenían certeza sobre el registro de a quiénes pertenecían esas líneas de teléfono móvil.
Además, destacó que otras empresas del sector están actualmente en espera de recibir sus respectivas sanciones, también por incumplimiento en la regulación de venta de chips.
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