El abogado Joaquín Mejía habló con EL LIBERTADOR sobre la nueva elección de la máxima autoridad en el Ministerio Público, los fiscales General y Adjunto; expresa preocupación por el antecedente de corrupción, por ejemplo, haber nombrado a Óscar Chinchilla y cómo éste ha dejado sin castigo y en libertad a personajes que atentaron contra la Constitución y el Estado, entre otros, Romeo Vásquez Velásquez, que de nuevo incita golpe de Estado.
“Sin duda el Ministerio Público requiere una restructuración, entre otras, quitarle el monopolio de la acción penal pública”, recomienda el reconocido abogado Joaquín Mejía y, también explica, que la institución se ha convertido en una herramienta de criminalización y, al mismo tiempo, en una “blanca paloma” cuando se trata de acusar a grandes criminales.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La reflexión que ha dejado el abogado Joaquín Mejía a EL LIBERTADOR sobre el tema de la elección del nuevo Fiscal General, pone énfasis en la precariedad electoral de la misma, y que la raíz del problema de la justicia en el país, parte del punto en que no se ha podido crear un ambiente de independencia del organismo jurídico con los intereses políticos.
El jurista agregó que la evaluación “imparcial” por la junta proponente que se encarga de hacer la elección de cinco candidatos y, que posteriormente, es enviada al Congreso Nacional para la elección final de la nueva autoridad en el Ministerio Público, carece de transparencia y de solidez a la hora de establecer los parámetros de selección.
“Tenemos a violadores de la constitución, narcotraficantes, corruptos, grandes violadores a los derechos humanos que son intocables y que, gracias a Óscar Chinchilla (máxima autoridad en el Ministerio Público como fiscal general del Estado), a su incapacidad y falta de voluntad política, desembocan en impunidad. – Por eso es importante que el procedimiento de elección no siga siendo como el actual¨, reflexionó el reconocido abogado y defensor de derechos humanos.
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Asimismo, cuestionó que se ignoró por completo el informe presentado por la Relatoría Especial de Naciones Unidas Sobre Independencia de Magistrados y Abogados en Honduras en 2020.
En el informe, el relator indica que el proceso de elección constituye una clara amenaza a la independencia judicial y a la separación de poderes, puesto que no ofrecen suficientes garantías para asegurar su independencia institucional, en particular del poder legislativo -poder encargado de hacer la elección-.
El documento presentado por la ONU también sugiere que los requisitos presentes para optar el cargo son demasiados amplios o genéricos, y por eso los requerimientos no permiten hacer una evaluación más integra, moral, independiente y de aptitudes profesionales del aspirante.
El abogado, en evidente inconformidad, se preguntó por qué no existe una ley que regule a la junta proponente y que para evitar se repita casos como la del Fiscal Chinchilla, se debe evitar que sea la junta quien decida el criterio de evaluación, en ese sentido, sentencio que “no hemos aprendido nada y esa es la principal lección”.
“Sin duda el Ministerio Público requiere una restructuración”, recomienda el abogado y también explica que la institución se ha convertido en una herramienta de criminalización y, al mismo tiempo, en una “blanca paloma” cuando se trata de acusar a grandes criminales.
Destaca que es necesario quitarle el monopolio de la acción penal publica al Ministerio Publico y, en ese contexto, ve con buenos ojos la llegada de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad (CICIH) para actuar contra graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción a gran escala, que nos vuelve victima a toda la sociedad.
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