Para el economista investigador del Fosdeh, Ismael Zepeda, el Gobierno sigue endeudándose para comprar votos; lo anterior tras analizar la reciente aprobación del “bono bicentenario” en medio de un periodo fiscal donde el Estado ha sido incapaz de cubrir sus gastos operativos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ante la reciente aprobación de 1,350 millones de lempiras para entregar el “Bono Vida Mejor Bicentenario”, el economista investigador del Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda, ha dicho que esto únicamente constituye el aumento de más deuda pública que será desperdiciada en la compra de votos y en un clientelismo estéril.
El economista observó que en lo aprobado, no detalla el origen de los fondos que la Secretaría de Finanzas pondrá en ejecución, tampoco así se explica el porqué del convenio con el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 118-2021, se transmitirá 7,500 lempiras a cada una de las 170 mil familias seleccionadas a través de un supuesto censo; pero no queda claro si se trata de otro crédito internacional o si es dinero del Estado.
“Ante la precariedad que tiene el Estado para recaudar recursos y sostener sus gastos básicos, uno concluye que usarán créditos, producto de ese ‘matrimonio’ entre algunos organismos internacionales y el Poder Ejecutivo, quienes le han aprobado cualquier cosa. Incluso los fondos aprobados para el proyecto de Amapala podrían servir para ese bono”, amplió Zepeda.
Además de constituir más deuda pública, el analista consideró las consecuencias económicas de utilizar fondos públicos o préstamos de forma clientelista, eliminando cualquier beneficio posible como podrían ser los “créditos funcionales”.
Dijo que este tipo de programas en Honduras no funcionan porque no hay una planificación para desarrollar a las comunidades. “En Honduras, el problema se relaciona con falta transparencia y rendición de cuentas: no se sabe cuánto se está aportando para reducir la pobreza. Por eso se observa que son utilizados de manera clientelista”.
Finalmente, Zepeda expresó que esta podría ser una estrategia para dejar “amarrado” al nuevo Gobierno que ascienda al poder en enero de 2022, y sin una auditoría forense de las finanzas públicas, no se podrá revertir la deuda, ni el destino de este tipo de transferencias.
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