De pronto, antes que nazca el sol, operaciones militares y judiciales han empezado a sitiar barrios y negocios en el país. Esta mañana, el noreste de la capital hondureña, Tegucigalpa, recibió el alba a punta de fusil y bota militar, por dos horas habitantes de “El Rincón” y zonas aledañas, quedaron atrapados por orden de la Policía Militar que no permitió la salida de trabajadores, se negó la garantía de libre circulación que dicta el artículo 84 de la Constitución; no hubo “permiso” ni para personal médico de primera línea y periodistas.
El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, explicó que lo anterior se debe a un operativo donde se capturó infraganti a dos personas que forman parte del grupo “Alkaeda” que, según investigación, se dedican al tráfico de estupefacientes y delitos derivados, valiéndose de distribución de narcóticos a través del transporte comunitario de moto-taxis; además, desglosó que el “estado de sitio” fue un método ordenado por la Policía para registrar todos los vehículos.
Durante las dos horas que duró el encierro, los efectivos militares no dieron explicación razonable a los vecinos de “El Rincón” y asentamientos contiguos, incluso impidieron la labor periodística al querer detener que reporteros entrevistaran a ciudadanos, sin brindar una justificación al momento.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Una investigación de EL LIBERTADOR ha determinado que en los últimos ocho años se ha invertido 112,000 millones de lempiras –sin contar fondos de la Tasa de Seguridad– en inútil de Defensa y Seguridad, los “golpes al narcotráfico” relucen por la incautación de marihuana más que por la destrucción de estructuras del tráfico de cocaína y otros estupefacientes que “cotizan” miles de millones de lempiras y derivan en tráfico de armas, expansión de pandillas y crímenes violentos, sobre todo, asesinato común selectivo.
La militarización de la sociedad se ha impuesto como política pública en varios campos, se ha visto en instituciones civiles del Estado que quedan bajo el mando de figuras del Ejército y también se le ha restado funciones a la Policía Nacional, único ente constitucional formado con orientación de seguridad civil y que recientemente ha adaptado una visión comunitaria.
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La institución policíaca, a pesar que oficialmente ha sido actualizada, reforzada y depurada, ya no encabeza los operativos del Ministerio Público (MP) en las principales urbes del país, la función ha quedado en direcciones militares de reciente creación: Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Policía Militar de Orden Público (PMOP) y la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAP), entre otras; que por cierto, los militares han descuidado las fronteras por donde transita el crimen organizado y han olvidado su rol para defender la soberanía nacional y la alternancia de cuatro años en la silla presidencial.
En este contexto de militarización, la sociedad ha sido sometida al terror y rechaza las Fuerzas Armadas, tanto así, que, a juicio de los defensores de derechos humanos, Honduras hoy vive un momento más obscuro que en la década de 1980 cuando el Ejército, bajo el mando del extinto Gustavo Álvarez Martínez y siguiendo lineas de EEUU, se dedicó a torturar, asesinar y desaparecer líderes sindicales, estudiantiles y políticos, durante un periodo de insurgentes que rechazaron la política que Ronald Reagan implantó en América Latina, apoyando el genocidio, golpes de Estado e instrucción de dictaduras.
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Esta mañana más asentamientos humanos de la capital despertaron con alarma, uno fue Barrio el Rincón, ubicado al noreste de la ciudad, a escasos 800 metros de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) en la colonia 21 de Octubre; vivió dos horas de oscurantismo –que se ha visto en la última semana en todo el país con intensos operativos–; por orden de la Fiscalía efectivos de Fusina, Policía Nacional y, sobre todo, elementos de la PMOP, realizaron allanamientos en este sector.
Según informe del MP, para desmantelar la organización criminal “Alkaeda” señalada por operar una red de tráfico de drogas y delitos derivados en la 21 de Octubre, la San Miguel y los barrios El Manchen y El Reparto, además de otras zonas aledañas.
Pese a que el operativo se desarrolló según procedimiento estándar, con orden de cateo y dispositivo de seguridad correspondiente, se registró un hecho insólito y nunca visto en el país, y es que de forma total, la comunidad de El Rincón fue cerrada, nadie podía salir ni entrar.
El “estado de sitio” duró al menos dos horas y no hubo excepciones para nadie, durante ese periodo los militares suspendieron derechos constitucionales; en ese contexto, uno de los reporteros de EL LIBERTADOR, que habita en ese sector, fue testigo de la negligencia de los uniformados, ya que no respetaron el artículo 81 de la Carta Magna del país, que apunta: “Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional”.
El operativo se instaló a eso de las 6:00 de la mañana, momento en que nuestro reportero se disponía a acudir a una cita en el Hospital Escuela Universitario (HEU), percatándose que justo en la entrada de su casa de habitación estaba estacionada una patrulla de la PMOP, además de identificar a los uniformados en una terraza de una vivienda cercana, tomándolo como una eventualidad normal por operativo, el comunicador se apresuró a dirigirse a la única vía de entrada y salida del barrio.
Metros antes de llegar al portón de “Barrio Seguro” –puesto por los vecinos y no por la AMDC–, el reportero se percató que había reten de la PMOP: dos patrullas bloqueaban la entrada, el portón cerrado y en el lugar, unos cuatro elementos del séptimo batallón. Uno de los uniformados pidió revisar su mochila, en ese momento el comunicador presentó su identificación del periódico y procedió a permitir la revisión, haciendo la solicitud de salir de esa zona, pero se le negó sin justificación.
A eso de las 6:15 de la mañana, los obreros comenzaron a bajar para acudir a sus lugares de trabajo, también fueron revisados y obligados a quedarse estacionados, a medida pasaban los minutos más personas se aproximaban, los elementos no permitieron el paso ni siquiera al personal médico que expuso la urgencia de llegar a centros clínicos para atender a los pacientes, olvidándose de las medidas especiales que gozan para circular debido a la pandemia, que también incluye a periodistas. Únicamente una familia pudo pasar por la urgencia clínica de un recién nacido.
Para las 7:00 de la mañana, periodistas que dan cobertura a la fuente policial se apersonaron al lugar para dar cobertura al evento inaudito que en los últimos días –en pleno contexto electoral— han adquirido mayor notoriedad; en primera instancia, los efectivos militares no permitieron su ingreso, poco después dejaron entrar hasta cierto punto, no más allá de donde estaban ubicadas las patrullas. Sin embargo, de forma general, se violó otra disposición de la Constitución.
Y es que los militares, comenzaron a entorpecer la labor informativa, prohibiendo a reporteros tomar declaraciones de los vecinos que, llevaban más de una hora de espera para salir y comenzaron a irritarse, especialmente el personal de “primera línea” que rogó a los soldados y ante la negativa fue entrevistado a escasos metros del portón.
Los militares procedieron, sin justificación alguna, a sacar a los periodistas violentando la libre emisión del pensamiento amparada en artículo 74 de la Constitución: “No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o aparatos usados para difundir la información”.
Cabe señalar que en ese punto, no se identificó al oficial al mando que generalmente está autorizado para atender a reporteros, únicamente estaban presentes soldados que ponían mala cara al ser interpelados por los vecinos y por reporteros en busca de declaración de la autoridad, no obstante, imperó la incertidumbre hasta las 8:00 de la mañana cuando se suspendió el estado de sitio.
La autoridad informó que producto del golpe a “Alkaeda”, en El Rincón fueron capturados dos sujetos que eran buscados, ambos en posesión de armas de fuego; el portavoz del MP, Yuri Mora, dijo a EL LIBERTADOR que el grupo distribuía drogas en todo el sector a través de las moto-taxis.
Mora explicó que debido a ese esquema de distribución, la Policía Nacional tomó la decisión de no dejar salir a nadie y esto se replicó en colonias y barrios aledaños: “Por ahí vino el malestar de algunos vecinos; se necesitaba dar captura a dos personas que eran las buscadas, se encontró droga y dos armas de fuego”.
El vocero reitero: “Entendemos cierto malestar de los ciudadanos, no se podía salir, porque se necesitaba registrar todas las moto-taxis y, en efecto, se descubrió que varios llevaban la droga”. Además amplió que había orden de captura para los cabecillas de la banda criminal: “Por eso para ser más efectivos y capturarlos in fraganti, se tuvo que detener a varias moto-taxis”.
Desglosó que los resultados inmediatos del operativo, se identificó estupefacientes en varios de los vehículos de transporte comunitario, marihuana “y otra droga que iba a ser distribuida”.
En la última semana los operativos de la Fiscalía se han intensificado para desarticular bandas del crimen, ayer varios negocios de comida fueron allanados por delitos de trata de personas, según el informe en un restaurante se encontró que unos 50 empleados –entre adultos y menores de edad– del interior del país mayoritariamente, eran explotados laboralmente, aprovechándose de su condición para pagar sueldos miserables y obligados a vivir en condiciones deplorables en sus zonas de trabajo.
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