Las mismas empresas que trajo el Gobierno Hernández lo llevarán a tribunales extranjeros exigiendo indemnizaciones multimillonarias y en dólares. El Estado de Honduras está de nuevo amenazado, junto a EEH ahora se suma el consorcio Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), que alega incumpliendo de contrato al momento que el Congreso Nacional mañosamente aprobó la concesión de 25 años a dos empresas que dicen construirán un “muelle moderno” en Puerto Cortés.
El economista Claudio Salgado dijo a EL LIBERTADOR que estas empresas esperan “el más mínimo error” para demandar, siendo este otro negocio ramificado de la corrupción avalado por los diputados, uno que obliga el aumento de impuestos y reorientar el presupuesto que debería ser para educación y salud.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La concesionaria Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) de Puerto Cortés, amenazó con demandar al Estado de Honduras de forma internacional en respuesta al contrato de concesión de 25 años permitido por el Congreso Nacional (CN), a dos empresas privadas “de maletín” para construir un muelle “moderno” en Omoa.
La construcción supuestamente dará Servicios Portuarios a la Terminal Marítima Portuaria de Cruceros, Buques Mercantes y Cabotaje en el Puerto de Omoa, lo cual ha firmado la Empresa Nacional Portuaria (ENP) e Inversiones Estratégicas Portuarias S.A. (Investport) y Servicios Consolidados S. de R.L. de C.V.
Mediante el escrito de OPC dirigido al Secretario de Finanzas, Luis Fernando Mata, destacan: “A partir de ésta fecha (23 de julio de 2021), instamos formalmente el inicio del proceso de Trato Directo previo al proceso de Arbitraje Internacional conforme a las Reglas de Conciliación y Arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (el “CIADI”) en la ciudad de Washington, Estados Unidos, a efectos de someter las irreconciliables diferencias y graves perjuicios económicos, entre otros, ocasionados por los persistentes incumplimientos por parte del Estado de Honduras”.
Inexcusablemente, la OPC señala que “el reclamo que contiene la solicitud de resarcimiento, entre otros conceptos, asciende a sumas sustancialmente mayores”, a los 10 millones de dólares estadounidenses”.
Además indicaron que ese proyecto portuario ni siquiera “está contemplado dentro del decreto de Visión de País 2010 – 2038 y Plan de Nación 2010‐ 2022” pero, sí subrayan que el Puerto Marítimo de Puerto Cortés “maneja el 85% de la carga del país”, por tanto, es considerado estratégico para la economía nacional.
La concesionaria manifiesta el “incumplimiento flagrante al contrato de concesión contenida en la cláusula 3.2, en el inciso i “, donde se cita: “Para efectos contractuales, las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por COALIANZA y el Fiduciario en este Contrato no se verán afectadas por variaciones en las Leyes Aplicables”.
Del mismo modo, exponen la evidente inseguridad jurídica que amenaza a cualquier inversionista, a su vez, señalan que ninguna institución de Gobierno, ni sus representantes atendieron sus llamados con el fin de “revertir las decisiones de las autoridades”. Supuestamente, esta inversión privada “hondureña” invertiría 120 millones de dólares ( 2 mil 800 millones de lempiras).
Desde el 22 de enero de 2021 publicaron en La Gaceta el Decreto Ejecutivo PCM-039-2020 donde declaraban el proyecto como “interés nacional”, así el contrato lo suscribieron el 2 de marzo de 2021, esto lo justifican en la promesa de que al iniciar la primera fase de la construcción del muelle generará 2,000 empleos directos e indirectos.
En conversación con EL LIBERTADOR, el economista Claudio Salgado, manifestó que estas demandas al Estado de empresas internacionales que el Gobierno ha traído a Honduras, “repercuten en el presupuesto porque se orienta a pagar demandas y se reduce en vez de utilizarlo en educación, salud y obras sociales”, además, “incrementan los impuestos”.
El especialista lamentó que “los responsables, o sea, a los diputados que aprueban estos contratos no se les adjudique responsabilidad” y, señaló que, “se contratan diferentes empresas que a veces ni siquiera lo son, sino proyectos ficticios, que esperan el más mínimo error por parte del Estado para demandarlo y, luego, se dan cuenta que estas ni siquiera son compañías, como lo que sucedió con los hospitales móviles”.
Deja un Comentario