El peligro mortal que representa el nuevo fenómeno tropical que afecta la región centroamericana, provocará que más menores sean llevados a albergues, por lo que defensores de niñez y adolescencia han sugerido una coordinación estratégica y vigilancia permanente en los refugios a fin de proteger la integridad de los menores.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El paso del huracán y tormenta tropical Eta por Honduras, que impactó en la región el 3 de noviembre, ha afectado a casi 3 millones de compatriotas y más de 44 mil fueron llevados a albergues. Pero nueve días después, una nueva noticia estremeció la sociedad: se confirmó que dos niñas sufrieron abuso sexual en refugios.
La información fue confirmada por la titular de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf), abogada Lolis Salas. “Esta es la población más vulnerable, a través de las visitas hemos encontrado casos de abuso sexual. Ayer miércoles [11] en horas de la tarde protegimos a una niña que fue víctima y la trasladamos junto con sus dos hermanos a un espacio de protección”, ha dicho.
Acto seguido, confirmó un segundo caso de violencia sexual contra otra menor. “Este jueves [12] nos dimos cuenta de un segundo caso de abuso sexual, se trata de una niña de 16 años y cuatro casos más que están en proceso de investigación”, dijo Salas.
En la actualidad, el huracán y tormenta tropical Iota amenaza la vida de los hondureños, por lo que miles de personas han sido evacuadas y cientos llevados a albergues.
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Para saber qué hacer a fin de proteger la integridad de los menores en los refugios, este rotativo consultó al director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden), Wilmer Vásquez, quien ha sugerido el monitorio constante en esos centros.
En el caso de las denuncias, el Ministerio Público (MP), deviene en la obligación de hacer las investigaciones de oficio. “No voy a decir que el MP no está actuando, sino más bien como sociedad debemos exigir al Gobierno de la República que incremente el presupuesto al Ministerio Público y acá me refiero a fortalecer en toda su estructura a la Fiscalía de la Niñez y las unidades de investigación con que cuenta para la trata, explotación sexual, comercial y abuso de niñas y niños en el país”, sostuvo.
Si estas unidades de investigación contaran con recursos y logística necesaria –ha agregado Vásquez–, podrían desplazarse en todo el país para dar una respuesta inmediata y avanzar en los procesos de investigación, para poner a disposición de las autoridades a todos los responsables para que se les pueda deducir responsabilidad.
“Es importante que se deba mantener una vigilancia permanente en todos los albergues del país, y es una responsabilidad del Estado como garante y tutor de derechos en situaciones de emergencia, proteger integralmente a la niñez y adolescencia, esto quiere decir que todos los albergues a nivel nacional deben estar organizados mediante una coordinación estratégica”, sostuvo.
En el caso particular de los centros educativos –agregó Vásquez–, las y los docentes, directoras y directores así como las asociaciones de padres y madres de familia, deben participar de forma activa junto con representantes de instituciones de protección de derechos de niñez y adolescencia.
Y agregó que para ello es importante el rol que debe el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) y el Comité Permanente de Contingencias (Copeco), “para que en cualquier decisión que se tome sea necesario considerar el enfoque de derechos humanos, de tal forma que debe hacerse una separación de las familias, por ejemplo, ubicar cada familia en un aula a fin de proteger de manera integral la niñez y adolescencia, además se debe mantener una vigilancia 24/7, de tal forma que haya un mayor control y que los entornos sean protectores para los niños y las niñas”.
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