El Ministerio Público ha confirmado que el ex director de Invest-H, Marco Bográn Corrales, y el ex administrador, Alex Moraes, ya han sido capturados por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración pública, por la compra de siete “hospitales móviles” que han costado más de 1,700 millones de lempiras. (Gráfica, Marco Bográn enchachado).
Si bien se han omitido otros delitos vinculados a la malversación de caudales públicos, el abogado Raúl Pineda Alvarado ha afirmado que “gracias a la presión de la ciudadanía, el Ministerio Público al fin presentó un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos”, y que el Poder Judicial “tendrá que ponerse a prueba a manera que se le dé una satisfacción a una sociedad que se ha visto tremendamente burlada con la compra de los hospitales”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Fiscales de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), adscrita al Ministerio Público (MP), ha dado captura a las caras visibles del escandaloso caso de corrupción de los “hospitales fantasmas” que involucra a Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), Marco Bográn Corrales y Alex Moraes respectivamente.
Así lo han confirmado las autoridades la mañana de este lunes 5 de octubre, después que la portavoz del juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, Bárbara Castillo, confirmara el requerimiento fiscal con solicitud de orden de captura contra Bográn y Moraes, por suponerlos responsables del delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración público según el expediente 02096-2020.
En su cuenta oficial de Twitter, el MP ha publicado que “lamenta que RRPP de la CSJ informara en medios de comunicación sobre presentación de Requerimiento Fiscal y solicitud de orden de captura en una de las líneas de investigación del caso INVEST-H. Este proceder contribuye a alertar a acusados y que puedan evadir la justicia”.
“Pese a ello, la #ATIC ya dio captura a Alex Moraes, administrador de INVEST-H, quien junto a Marco Bográn, participó en uno de los actos corrupción más reprochables y abominables de la historia del país. En este primer caso el delito imputado es malversación de caudales públicos”, ha comentado el órgano acusador del Estado.
Es de recordar que el pasado Marco Bográn compareció el 7 de julio en las instalaciones de la ATIC por el caso de los hospitales móviles, luego llegó el 30 de septiembre en condición de investigado por compras durante la emergencia sanitaria, cuando le gritaron “corrupto de m” y fue bañado con huevos por una ciudadanía harta de la corrupción intocable en Honduras.- Desde el extranjero, el abogado defensor del ex funcionario, Marco Tulio Castro, confirmó la orden de captura y dijo que se pondrán a la orden de las autoridades.
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Durante nueve años Bográn fue director de Invest-H y en la actualidad enfrenta la justicia hondureña, por irregularidades en la compra de siete hospitales móviles adquiridos al supuesto empresario guatemalteco Alex Gamaliel López, que han costado al país más de 1,700 millones de lempiras y que fueron comprados para enfrentar la emergencia por el nuevo coronavirus por orden del mandatario Juan Hernández, como indica el oficio No. 630-SS-2020 enviado por la secretaria de Salud, la pedagoga Alba Consuelo Flores.
Esta compra fue autorizada en tiempo récord por el entonces director administrativo, Alex Moraes, la especialista financiero, Bessy Rodríguez, y el contador general, Carlos Guevara, que en tan sólo 26 minutos y tres segundos aprobaron el primer pago a López para la “compra” de dos de los siete “hospitales fantasmas”.
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Por su parte, el abogado Omar Menjívar Rosales ha dicho que “por fin la Fiscalía presentó la acusación contra Marco Bográn. Es un asunto de notoria corrupción y fácil constatación. Lo deplorable es que el MP siempre se queda en la superficie, únicamente con lo evidente y pretende aplacar la sed de justicia del pueblo con un sacrificado”.
Y el abogado Raúl Pineda Alvarado ha destacado la presión de los hondureños. “Gracias a la presión de la ciudadanía, el Ministerio Público al fin presentó un requerimiento fiscal por el delito de malversación de caudales públicos, que en este caso originalmente tiene una pena de cuatro a seis años de prisión, pero por pasar de 100 mil lempiras el monto de lo malversado la pena cambia de seis a nueve años”, ha dicho.
El también analista político, ha comentado que el MP debe probar que Bográn se apropió directa o indirectamente para su provecho o para terceros, los recursos que el Estado había confiado a su persona en administración.
Pineda ha afirmado que no será fácil demostrar el delito y que se han omitido otros delitos que acompañan la malversación de caudales públicos, sin embargo, será responsabilidad del Poder Judicial satisfacer la necesidad de justicia que tiene la población. “Esto no fácil, pero siento que también dejaron de aplicarse otros tipos legales que van implícitos en el delito de malversación como la falsificación de documentos públicos y otros tipos penales que acompañan naturalmente esta figura. El Poder Judicial tendrá que ponerse a prueba a manera que se le dé una satisfacción a una sociedad que se ha visto tremendamente burlada con la compra de los hospitales”.
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