Este jueves el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha levantado una acusación contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos “el Tigre” Bonilla, a quien califican como un forajido luego que la investigación revelara que participó en la conspiración del “congresista convicto Tony Hernández y su hermano el presidente”.
La investigación desglosa que en algún momento de 2010, “Tony” confeso a un testigo que junto a “CC-4” influyeron para que “el Tigre” escalara posiciones en la policía y que posteriormente éste “protegió sus actividades de tráfico de drogas a cambio”.
Presuntamente, Bonilla Valladares abusó de su posición oficial para proteger los envíos de cocaína y asesinó a un narcotraficante rival como parte de una conspiración que involucra a políticos hondureños de alto rango y miembros de la Policía, crímenes que “podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
New York. El fiscal para el Distrito Sur de New York, Geoffrey S. Berman y la agente especial de la DEA, Wendy Woolcock han presentado una acusación contra el exjefe de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, por conspirar para el envió de droga a Estados Unidos y otros delitos relacionados con armas de gran poder destructivo.
Según el fiscal Berman, “el Tigre” Bonilla “abusó de sus cargos en la policía hondureña para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de narcotráfico. Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente”.
De acuerdo con la investigación, Bonilla supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a EE.UU., “utilizó ametralladoras y otras armas para lograrlo, y participó en violencia extrema, incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión estadounidense de por vida».
En tanto la agente Woolcock, dijo que el exjefe de policía supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él “y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos”.
Y agregó: “Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla-Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justicia”.
Según la acusación contra Bonilla, se refuerza con la evidencia presentada y declaraciones vertidas en octubre de 2019, en el juicio de Juan Antonio Hernández Alvarado y, apunta la indagación, entre 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares, colaboraron con apoyo de individuos públicos y privados prominentes “incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”.
Esta estructura fue organizada “para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos”.
El documento relata que para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios, incluidos ciertos presidentes y miembros del Congreso Nacional de Honduras.
Entre estos sobornados, el texto incluye a Bonilla Valladares: “Por ejemplo, después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el excongresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra BONILLA VALLADARES”.
El informe apunta el periodo de servicio del “Tigre”, quien fue miembro de la Policía Nacional entre 1985 y 2016: “Durante su mandato, ocupó cargos de alto rango, incluido el Jefe de Policía Regional con autoridad sobre ubicaciones en el oeste de Honduras que eran estratégicamente importantes para los narcotraficantes, y Jefe de la Policía Nacional de Honduras para todo Honduras entre aproximadamente 2012 y aproximadamente 2013”.
“BONILLA VALLADARES explotó corruptamente estas posiciones oficiales para facilitar el tráfico de cocaína, y usó la violencia, incluido el asesinato, para proteger la célula particular de narcotraficantes políticamente conectados con los que se alineó, incluido Hernández Alvarado y al menos uno de los hermanos de Hernández Alvarado, ex congresista hondureño y actual presidente de Honduras al que se hace referencia en la demanda de acusado de BONILLA VALLADARES como ‘CC-4’”.
La investigación desglosa que en algún momento de 2010, “Tony” le dijo a un testigo identificado como “CW-1” que él y “CC-4” ayudaron a Bonilla a avanzar en su posición a lo interno de la Policía Nacional y que éste se comprometió desde la institución a proteger sus actividades de tráfico de droga. El texto relata que tanto “Tony” como “CC-4” confiaron en el “Tigre” para tareas especiales y asesinato.
“En o alrededor de julio de 2011, BONILLA VALLADARES participó en el asesinato de un narcotraficante rival a petición de Hernández Alvarado y otros porque el traficante rival había intentado evitar que Hernández Alvarado y otros miembros de la conspiración transportaran cocaína a través de una región del oeste de Honduras cerca de la frontera con Guatemala”.
“Afirmando que investigó el asesinato en ese momento, BONILLA VALLADARES habría informado a un miembro de los medios, en esencia, que el asesinato fue un ataque sorpresa bien planeado que se había llevado a cabo de manera eficiente y que los autores habían limpiado a fondo la escena del crimen. Según los informes, BONILLA VALLADARES agregó que los autores del asesinato habían utilizado lanzagranadas de 40 milímetros, rifles de asalto M-16 y rifles de asalto Galil”.
Lea el informe completo: Departamento de Justicia.
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