“La historia repudiará, como lo hacemos hoy, a los partidos políticos, organizaciones y personas naturales que buscan torcer leyes y la narrativa histórica de Honduras, para procurar una reelección presidencial ilegítima”, advierte la organización ciudadana hondureña “300+ Con Dignidad”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Ante el proceso de reelección presidencial en Honduras iniciado por petición de miembros del Partido Nacional a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la organización ciudadana sampedrana “300+ Con Dignidad”, expone que la sentencia de la Sala Constitucional es espuria al haber resuelto a favor de la petición de un ex presidente de Honduras y de un número de diputados afiliados, todos, al Partido Nacional de Honduras y, que eso, constituye fraude de ley.
La Constitución de la República vigente determina en el Artículo 239: “El ciudadano que haya desempeñado la titularidad del Poder Ejecutivo no podrá ser Presidente o Vicepresidente de la República.
El que quebrante esta disposición o proponga su reforma, así como aquellos que lo apoyen directa o indirectamente, cesarán de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedarán inhabilitados por diez (10) años para el ejercicio de toda función pública. (*Modificado por Decreto 299/1998. *Modificado por Decreto 347/2002)”.
COMUNICADO ESPECIAL DE LOS 300+ CON DIGNIDAD
La organización 300+ Con Dignidad, ante las discusiones públicas respecto de un proceso que resulte en la decisión política de reglamentar la figura de la Reelección Presidencial en la República de Honduras, plantea su postura de la manera siguiente:
La sentencia emanada de una Sala Constitucional espuria que resolvió la petición de un ex presidente de Honduras y de un número de diputados afiliados, todos, al Partido Nacional de Honduras, constituye fraude de ley por cuanto procura legitimar algo que no tiene la facultad de legitimar y cuya simple admisión, tanto por la Secretaría de la Sala, como por la Sala misma, constituye delito de traición a la Patria, como también es delito que los peticionarios, diputados electos y en funciones, plantearan una petición en tal sentido.
La consulta popular planteada para que se refiera al electorado semejante decisión es impertinente y desprovista de la legitimidad de una petición viable, porque pretende modificar, elementos constitucionales que no pueden ser modificados y además pretende hacerlo mediante procedimientos no contemplados en la literalidad propia de la Constitución de la República.
La historia repudiará, como lo hacemos nosotros hoy, a los partidos políticos, organizaciones civiles y personas naturales que buscan torcer hechos, leyes y la narrativa histórica de Honduras, para procurar una reelección presidencial ilegal, ilegítima y que tolerar, promover o permitir constituye delito de Traición a la Patria.
San Pedro Sula y Tegucigalpa, 11 de Agosto de 2016
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