Miembros de la Junta Nominadora han felicitado a EL LIBERTADOR por haber contribuido en la denuncia de candidatos a magistrados con fuertes cuestionamientos de presunta corrupción o irregularidades en el ejercicio de la abogacía.
Los aportes hechos por este periódico facilitaron a depurar el listado de aspirantes, ya que algunos eran parientes o tienen vínculos familiares con miembros de la Junta que cesó sus funciones este 19 de enero.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Después que fuera revelado el listado de los 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, este periódico comprobó que de la lista preliminar de 97 candidatos, la Junta Nominadora eliminó de la contienda a aquellos que EL LIBERTADOR denunció por tener vínculos de parentesco, y otros por irregularidades cometidas en el ejercicio de la abogacía.
En la edición impresa de diciembre de 2015, EL LIBERTADOR alertó que Felipe Artuto Morales Cárcamo y Roxana Lizeth Morales Toro, estaban unidos por lazos de consanguinidad entre sí y también con la desprestigiada expresidenta del Poder Judicial, Vilma Cecilia Morales Montalván.
Roxana Lizeth Morales también es pariente política de Linda Lizzy Rivera, que hasta hoy fue la Suplente del Comisionado de Derechos Humanos (Conadeh) en la Junta Nominadora.
También fue eliminado Carlos Roberto Ortega Medina, el «niño bonito» de Morales Montalván y que ha seguido sus pasos en la CSJ, CNBS y el IHSS.
AGRADECEN A EL LIBERTADOR
Al conocer estos hallazgos un miembro de la Junta Nominadora agradeció a este periódico la información que aseguraba desconocer.
Sin embargo, la liberal María Fernanda Castro Mendoza, cuñada del suplente de las universidades, Carlos Izaguirre, logró colarse entre los 45.
FUERA CUESTIONADOS
Bajo el subtítulo: «Avanti» ¡Notarios Peligrosos!, de la edición 134, de diciembre de 2015, denunciamos a cuatro aspirantes cuestionados, unos por su conducta irregular y otros por fuertes acusaciones por delitos cometidos en el ejercicio profesional. Todos fueron descartados por la Junta Nominadora.
Una de las cuestionadas es Yolany Isabel Cámbar, nacionalista y esposa de Olvin Mejía, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en el periodo 2010-2012 y responsable directo del despilfarro de 41 millones de lempiras provenientes de los fondos de los agremiados al CAH.
También fue eliminada Norma Iris Coto –de filiación nacionalista–, magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, norte de Honduras, ya que tiene abierto un antejuicio en su contra por los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad.
Celino Arístides Aguilera Amador (liberal), fue descartado de la lista final y es suplente del Consejo de la Judicatura; tiene fuertes acusaciones por delitos de abuso de autoridad y tráfico de influemcias cuando fungía como juez en La Ceiba y Roatán (caribe hondureño).
Asimismo fue eliminado del proceso el liberal Humberto Domínguez Aguiluz, secretario de la Junta Directiva del CAH y que había sido suspendido del ejercicio del notariado en 2013 por tres meses.
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