El juez y aspirante a magistrado del Poder Judicial hondureño, Jorge Alberto Zelaya Zaldaña (foto), amenazó en el marco del golpe de Estado de 2009 al director del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, con encarcelarlo si seguía promoviendo la libertad de expresión y consultarle a la sociedad si quería o no una nueva Carta Magna.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El juez Jorge Alberto Zelaya Zaldaña, ahora entre los 45 candidatos a la más alta magistratura del Poder Judicial en Honduras fue un destacado violador de la libertad de prensa y de expresión durante el golpe de Estado. Entre otras acciones de evidente abuso de autoridad, amenazó en 2009 con encarcelar al director del periódico EL LIBERTADOR, Jhonny José Lagos Henríquez, por la consulta al soberano de si quería o no una nueva Constitución de la República.
Zelaya Zaldaña, quien ha fungido como juez del Tribunal Contencioso Administrativo, fue el responsable de amenazar a Lagos Henríquez y al equipo de periodistas de este periódico, que los mandaría a la cárcel, ya que promovieron la consulta popular, más conocido como la “Cuarta urna”, que desembocó el 28 de junio de 2009 en un cruento golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya.
El juez Zaldaña –reconocido activista del golpe de Estado– al prohibir el derecho de opinión a la ciudadanía hondureña violentó el artículo 2 de la Carta Magna que ordena: “La Soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación. La soberanía del pueblo podrá también ejercerse de manera directa, a través del plebiscito y el referendo. La suplantación de la soberanía popular y la usurpación de los poderes constituidos se tipifican como delitos de traición a la patria. La responsabilidad en estos casos es imprescriptible y podrá ser deducida de oficio o a petición de cualquier ciudadano.
Aun pisoteando el imperio soberano del pueblo hondureño y las convenciones internacionales sobre derechos humanos y libertad de expresión, Zelaya pretende que los diputados en el Congreso Nacional lo nombren alto juez de la próxima Corte Suprema de Justicia hondureña; de hecho, fue propuesto por el Poder Judicial para concursar como candidato a magistrado por su incondicional y reconocida filiación nacionalista.
El 18 de junio de 2009, el activista del golpe militar, por petición del exfiscal General, Luis Rubí – quien renunció en 2013 por incompetente al no contribuir a reducir la mora judicial – envió la “Denuncia Judicial” para que EL LIBERTADOR desistiera de promover la consulta popular y, de no acatarla, el Director Lagos seria confinado de tres a seis años de prisión mas una multa monetaria que sería establecida por el juez Zaldaña. EL LIBERTADOR, ante semejante arbitrariedad, asumió el derecho a desafiar el despotismo de la autoridad golpista.
La amenaza de Zaldaña contribuyó al secuestro, tortura y persecución contra periodistas y personal administrativo de EL LIBERTADOR, quienes presentaron denuncias ante organismos defensores de la vida por el acoso que padecieron por los cuerpos de seguridad y bandas paramilitares afines al régimen dictatorial del transportista Roberto Micheletti, quien buscó las vías legales para encarcelar a Lagos por denunciar las atrocidades cometidas durante siete meses de dictadura.
Organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales y extranjeras certifican que en el contexto del golpe de Estado se registraron alrededor de cinco mil ataques graves contra personas, más de 200 crímenes cometidos durante los toques de queda perpetrados por policías, militares y cuerpos paramilitares. Asimismo, se reporta la violación sexual de 54 mujeres durante las movilizaciones populares contra el régimen, más de 100 amenazas de muerte contra dirigentes gremiales opuestos al golpe y el encarcelamiento de 114 opositores políticos.
También se registró la detención ilegal de unas 3,033 personas; alrededor de 464 en Alauca, El Paraíso, zona oriental de Honduras, fueron detenidos sin orden judicial por fuerzas policiales y militares. Se reportaron alrededor de 53 ataques contra la libertad de expresión, fueron documentados unos 27 cierres de medios de comunicación y 26 agresiones a periodistas.
El golpe convirtió a Honduras hasta hoy y por varias generaciones más en una nación en permanente crisis sistémica e ingobernable. Un hecho que oficialmente acepta los efectos caóticos de la ruptura del orden constitucional ha sido la firma del gobierno y la OEA de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).- La pérdida del Estado ha ubicado al país como el más violenta del planeta. Desde junio de 2009 hasta 2015, unas 55,480 personas fueron asesinadas y la mayoría de crímenes siguen en impunidad, entre estos datos, fueron liquidados más de 50 periodistas desde el golpe de Estado hasta la fecha. Con esta brevísima historia, Zaldaña no tiene altura moral para siquiera postularse a magistrado.
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