Pobladores de los municipios de San José, Choluteca, y La Venta, Francisco Morazán, denunciaron a la empresa constructora y arenera Indarzel, a la que señalan de operar desde 2012 presuntamente sin las licencias ambientales correspondientes, que han provocado afectaciones al río Grande o Nacaome, al medio ambiente y a la población que depende de sus aguas para diversas actividades.
Redacción Central/ EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Pobladores de los municipios de San José, Choluteca, y La Venta, Francisco Morazán, acudieron ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente (FEMA) del Ministerio Público (MP) para interponer una denuncia contra la empresa constructora y arenera Indarzel, a la que señalan de realizar presuntamente extracción ilegal de materiales aluviales y arena en el río Grande o Nacaome.
Los habitantes aseguran que las actividades de extracción estarían provocando afectaciones ambientales y sociales, entre ellas alteraciones en el cauce natural del río, daños a la biodiversidad, perjuicios a infraestructura pública y destrucción de zonas utilizadas para la pesca, ganadería y actividades recreativas.
La integrante de la comisión Mary Ortez que presentó la denuncia, manifestó en entrevista con EL LIBERTADOR que las afectaciones no se limitan a un solo municipio, sino que alcanzan a varias comunidades que dependen del afluente.
“Esta empresa ha venido a afectarnos, no solo a un municipio, sino a varios, y a afectarnos en el modo de estar en contaminación del agua, en extracción ilegal de mineras, y aun dañándonos también la infraestructura pública”, denunció.
Ortez explicó que una de las principales preocupaciones es el uso del agua del río por parte de las comunidades, al señalar que algunas personas incluso la utilizan para consumo y que la contaminación estaría afectando actividades cotidianas.
“Hay mucha gente que toma hasta agua de este río y, aun con esta contaminación que hemos tenido, ha sido de suma dificultad que ellos puedan seguir haciendo esta acción. Los ganaderos ya no pueden ir a aguar sus vacas; todo para lo que se usaba del diario ya no se puede hacer”, expresó.
La representante de los pobladores también afirmó que la empresa estaría operando sin contar, según su denuncia, con las licencias ambientales correspondientes ante el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA).
Según Ortez, las operaciones se remontarían al año 2012, por lo que cuestionó que la actividad haya continuado durante años pese a las denuncias de los pobladores.
Los pobladores también denunciaron presuntas acciones de intimidación para impedir que se acerquen a las zonas donde se realizan las actividades de extracción.
Ortez aseguró que se han utilizado drones para vigilar a los habitantes y afirmó que algunos pobladores habrían recibido amenazas relacionadas con las protestas y denuncias contra la empresa.
“Han puesto drones para vigilar que no nos acerquemos al río. La población ha recibido amenazas por parte de esta empresa; ha venido a querernos intimidar para que no sigamos en esta lucha, pero nosotros seguimos firmes”, manifestó.
La dirigente comunitaria sostuvo que el río constituye una fuente fundamental para las comunidades y que su importancia trasciende los municipios afectados, al estar vinculado con la cuenca de Nacaome y la represa José Cecilio del Valle.
Otra de las denuncias expuestas ante las autoridades está relacionada con presuntos derrames de aceite de motor, grasas pesadas y combustible diésel derivados del funcionamiento, mantenimiento o fallas de maquinaria pesada utilizada en el lugar.
De acuerdo con Ortez, los residuos quedarían en las zonas donde los pobladores ingresan al río y podrían estar afectando especialmente a menores de edad que utilizan el afluente para bañarse, quienes, según afirmó, habrían presentado erosiones en la piel.
Los pobladores demandan que las autoridades ambientales determinen el impacto real de estas actividades y establezcan las responsabilidades correspondientes en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.
Ortez destacó además el respaldo que, según dijo, han recibido de las actuales administraciones municipales de La Venta y San José, señalando que los alcaldes han acompañado las demandas comunitarias.
Aseguró que los pobladores esperan que las autoridades actúen sin permitir actos de corrupción o sobornos y que se investiguen las denuncias presentadas.
La comisión solicitó particularmente la intervención del fiscal de Medio Ambiente, abogado Luis Godoy, para que tome cartas en el asunto y dé seguimiento a la denuncia presentada ante FEMA.
“Nosotros lo que queremos es que se vayan, que se vayan porque están afectándonos. El agua es para todos y es de todos. Ya hemos hecho las respectivas denuncias a cada uno de los agentes y esperamos la respuesta pronto”, expresó Ortez.
Los habitantes adelantaron que mantendrán las acciones de protesta en los municipios hasta conseguir que se detengan las operaciones de extracción de arena que, según denuncian, están afectando el río y los medios de vida de las comunidades.
Finalmente, Ortez hizo un llamado a la población para que conozca directamente la situación que enfrentan los municipios y observe las condiciones del afluente.
“Hacemos todo el llamado a toda la población; si quiere conocer de las situaciones que estamos viviendo como municipios, pueden acercarse y conocer el alto grado de contaminación que tenemos y la situación en la que estamos pasando”, puntualizó
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