La conformación de la comisión que interpeló al fiscal general Johel Zelaya ha generado cuestionamientos en diversos sectores, que advierten posibles conflictos de interés, al estar algunos de sus integrantes bajo investigación o señalamientos por presuntos actos de corrupción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Se realizó la audiencia contra el fiscal general Johel Zelaya, suspendido de su cargo temporalmente en el marco del juicio político que el Congreso Nacional aprobó en su contra y por el cual se designó una comisión especial integrada por nueve diputados que han sido cuestionados por sectores debido a conflictos de intereses.
Sobre el tema, el reconocido abogado constitucionalista Ramón Barrios expresó que el juicio político tiene más componentes políticos que jurídicos y agregó que “el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, debió haberse esmerado en poner ahí a gente que no tuviera conflicto de intereses”.
“Las formas son importantes. Hay compañeros y compañeras que integraron la comisión y que tienen expedientes que están siendo investigados por el fiscal general. Ahí hay una serie de conflictos de intereses más allá de las preguntas sobre si se evidenció el desconocimiento en materia penal de alguno de ellos, lo cual es permisible”, explicó Barrios.
Además, aseguró que a Zelaya se le violentó el debido proceso. “Más allá de que va a ser destituido el fiscal general del Estado —y lo digo porque así lo han anticipado en el fallo algunos diputados—, estamos a la puerta de otro fracaso y de una condena en el sistema interamericano de derechos humanos”, aseguró.
La comisión está integrada por los diputados: Mario Pérez (presidente), Kilvett Bertrand, María José Sosa, Antonio Rivera, Alex Berrios y Eder Mejía, todos por el Partido Nacional. En tanto, del Partido Liberal se sumaron Jorge Cálix, Francis Cabrera y Luz Ernestina Mejía.
El presidente de la comisión, Mario Pérez, fue investigado en 2018 en el caso “Fe de Errata”, impulsado por la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la UFECIC, por presuntas irregularidades en la modificación de decretos legislativos; además, ha sido mencionado en informes y reportes vinculados a casos de narcotráfico, sin que se deriven procesos judiciales en su contra.
Asimismo, Pérez fue denunciado por el Ministerio Público y objeto de polémica luego que, durante una disputa en el Congreso Nacional, usara un arma de fuego para amedrentar a un guardia de seguridad.
Otro de los actores es Jorge Cálix, quien ha sido señalado por presuntos actos de corrupción en el Instituto de la Propiedad durante su gestión al frente de la institución, según denunció en su momento el entonces titular del ente, quien presentó la documentación de respaldo al Ministerio Público.
El congresista también ha recibido cuestionamientos por su parentesco con el narcotraficante Mario José Cálix, apodado “Cubeta”, extraditado a EE.UU.; sin embargo, el diputado ha negado vínculos pese a la consanguinidad.
El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, tras la indagación del “Pacto de Impunidad”, fue señalado en 2017, junto a los congresistas Sara Medina, Tomás Zambrano —hoy presidente del Congreso— y Román Villeda Aguilar, como supuesto culpable del delito de adulteración de documentos públicos en detrimento de la “Fe de Errata” pública y del delito contra la forma de gobierno que afecta la seguridad interior del Estado de Honduras.
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