Según el pensador hondureño, Rodil Rivera Rodil, el Partido Nacional históricamente ha promovido reformas legales con el propósito de blindarse ante acciones judiciales y, como ejemplo, el “fuero legislativo” en 2019, entre otros casos.
“Ahí lo tiene también con el Código Penal, que fue reformado por el Partido Nacional para favorecer, para beneficiar, bajar las penas y proteger a buena parte de sus diputados”, señaló.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La reciente aprobación de un decreto en el Congreso Nacional para crear el Consejo de la Judicatura y trasladar facultades administrativas de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) al Pleno de magistrados ha generado cuestionamientos sobre su impacto en la independencia judicial y el equilibrio de poderes en Honduras.
El reconocido constitucionalista y analista Rodil Rivera Rodil considera que la decisión, más allá del debate sobre su legalidad, resulta inoportuna y políticamente motivada. A su juicio, se trata de una reforma parcial que altera la dinámica interna de uno de los poderes del Estado sin una visión integral del sistema judicial.
“Se les olvida que están hablando de un poder del Estado, que la CSJ es el Poder Judicial equivalente o igual al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo. Es como si ahorita viene el Congreso y, cada vez que se le ocurriera, le aumentara o le quitara facultades al presidente de la República, el que preside otro poder del Estado”, detalló a EL LIBERTADOR.
Según Rivera, la figura del Consejo de la Judicatura —existente en varios países de América Latina— debería servir para separar la gestión administrativa de la función jurisdiccional, permitiendo que los magistrados “se dediquen exclusivamente a conocer y resolver los asuntos de su competencia, ver los recursos de los que conoce”.
“He hablado con algunos magistrados; esto va a venir a complicar, a afectar el normal desenvolvimiento de la Corte. Ahora los quince magistrados estarán metidos en el tema de quitar y nombrar personal en todo el Poder Judicial: jueces, magistrados, secretarios, funcionarios, presupuestos, construcción, todo eso”, agregó.
Rivera recordó que el anterior Consejo de la Judicatura fue declarado inconstitucional hace aproximadamente una década y que el Congreso no emitió una nueva normativa durante ese tiempo. “Han pasado casi diez u once años sin que se cumpliera esa responsabilidad, y ahora se hace de manera parcial”, cuestionó.
No obstante, recordó que “el Partido Nacional se ha caracterizado desde Tiburcio Carías, por actuar con esas prácticas. Ahí lo tiene también con el Código Penal, que fue reformado por el Partido Nacional, por Juan Orlando Hernández, para favorecer, para beneficiar, bajar las penas y proteger a buena parte de sus diputados”.
Deja un Comentario