En la página web de la “ZEDE Prospera”, destaca una línea de abusos y secretos, aún siendo declarada ilegal en el país, ha seguido operando y ya concentra más de 300 empresas bajo régimen “especial”. En ese complejo, varias firmas extranjeras se dedican a experimentos e investigaciones sobre terapias genéticas y biotecnología de longevidad o “eterna juventud”.
El portal hondureño “Reporteros de Investigación” constata que Prospera actúa fuera del orden de legislación nacional.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Próspera Inc. se presenta ante la sociedad hondureña y el mundo como “una zona económica especial en Honduras diseñada para crear prosperidad a través de la libertad económica, la ley y la gobernanza innovadora”, amparada en el ilegal régimen de Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), instalado por el régimen nacionalista que gobernó el país entre 2010 y 2022.
El régimen ZEDE fue ampliamente rechazado por la sociedad hondureña, que denunció arbitrariedades en su aprobación, desde la ilegal destitución de magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se opusieron a su implementación en 2012, hasta estructuras legales lesivas que dotaban a estas zonas de herramientas que vulneraban la soberanía nacional.
Finalmente, la actual Corte Suprema de Justicia (electa para el período 2023-2030) declaró inconstitucional el régimen con efecto retroactivo, es decir, anulando todo lo que se derivó de su creación en 2013.
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Como respuesta, Próspera Inc. demandó al Estado de Honduras por una cuantiosa suma de 10,700 millones de dólares, equivalentes a alrededor de 282 mil millones de lempiras, una cifra que analistas han calificado como potencialmente devastadora para las arcas públicas. No obstante, la Procuraduría General de la República aclaró posteriormente que la demanda habría sido reducida a poco más de 43 mil millones de lempiras.
A pesar de la disputa legal, en el portal web de la ZEDE Próspera se sostiene que, pese a la resolución emitida por la máxima autoridad judicial del país, “el secretario técnico de Próspera, Jorge Colindres, determina que la ZEDE de Próspera puede continuar operando normalmente, protegida por tratados comerciales internacionales como el CAFTA-DR, que superan los cambios en la legislación doméstica”.
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En consecuencia, y pese al decreto judicial, Próspera documenta que, a diciembre de 2024, operaban unas 250 empresas incorporadas dentro de la zona. El impulso del proyecto se refleja en actividades promocionales como el “4.º Fin de Semana Mensual de Próspera”, realizado en abril de 2025, en el que se reportó la participación de más de 30 personas, de las cuales tres decidieron mudarse al lugar y dos adquirieron unidades habitacionales tipo Duna.
Según el Directorio de Empresas de Próspera —catálogo público de compañías que operan, están registradas o mantienen vínculos comerciales dentro de la ZEDE—, el número de entidades vinculadas supera las 300, incluyendo startups, servicios profesionales, comercios, inmobiliarias, empresas tecnológicas, clínicas, restaurantes y plataformas financieras.
De estas, con base en la información disponible en el portal web y un cálculo aproximado de entre 90 y 100 empresas, al menos entre 30 y 45 pertenecen a rubros como clínicas y centros médicos, biotecnología, restaurantes y bebidas, y productos de consumo humano. Esta cifra podría superar el centenar si se considera la totalidad del ecosistema empresarial que opera o mantiene vínculos dentro de la ZEDE, el cual rebasa las 300 entidades.
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En ese contexto, cobra especial relevancia la información divulgada por el medio hondureño Reporteros de Investigación, dirigido por la periodista Wendy Fúnez, quien mediante las solicitudes de información pública No. SOL-ARSA-1492-2025 y SOL-ARSA-1493-2025 consultó a la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) sobre si esta institución regula las operaciones que se realizan dentro de Próspera Inc.
De acuerdo con la legislación hondureña, ARSA es la entidad encargada de supervisar, regular y vigilar los establecimientos, productos y servicios de interés sanitario en el país. Entre sus atribuciones se encuentran el control del cumplimiento de la normativa legal y técnica, así como el otorgamiento, renovación, suspensión o cancelación de registros, licencias y permisos sanitarios, con el fin de proteger la salud de la población.
En su respuesta oficial, ARSA informó que, tras una revisión exhaustiva de sus archivos físicos y digitales, no existe ni ha existido relación, coordinación, convenio o vínculo institucional alguno entre la institución y la ZEDE Próspera o la empresa Honduras Próspera Inc.
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Asimismo, aseguró que no hay registros de solicitudes, trámites, evaluaciones o autorizaciones vinculadas a ensayos clínicos o experimentación en seres humanos relacionados con dicha entidad. Por ello, y conforme a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ARSA declaró la inexistencia de la información solicitada.
Lo anterior despierta extrañeza y suspicacia, ya que, tras la declaratoria de inconstitucionalidad del régimen ZEDE, las actividades que se desarrollan dentro de Próspera Inc. deberían enmarcarse plenamente en la jurisdicción hondureña, como lo han señalado en diversos medios las autoridades nacionales.
Entre estas actividades figura la del emprendedor tecnológico multimillonario de Silicon Valley, Bryan Johnson, cuya ambición por extender la vida lo ha llevado a invertir en terapias genéticas no reguladas, las cuales se practican dentro de las estructuras de esta zona que se autodenomina “autónoma”.
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El costo del tratamiento asciende a más de 20 mil dólares y consiste en la aplicación de inyecciones de una sustancia “genéticamente potenciadora”, un método que no cuenta con el aval de organismos internacionales competentes como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).
Dicho tratamiento se encuentra bajo estudios de Minicircle, una entidad que opera dentro de la ZEDE Próspera y que se define como una “empresa de biotecnología que trabaja en terapias genéticas destinadas a prolongar la vida, similares al trabajo de empresas tecnológicas israelíes y de investigadores de la Universidad Bar-Ilan”.
Minicircle aparece registrada en el directorio de empresas de Próspera y, por la naturaleza de su actividad, se trata de una empresa que claramente entra en el ámbito de la regulación sanitaria. Su labor se centra en el desarrollo y uso de terapias génicas y biotecnología orientada a la longevidad, lo que implica investigación científica, posible administración de tratamientos y el uso de insumos biológicos en seres humanos.
La ausencia de supervisión sanitaria oficial sobre actividades de alto riesgo biotecnológico dentro de Próspera plantea serias interrogantes sobre el alcance real de la soberanía del Estado hondureño y la capacidad de sus instituciones para hacer cumplir la ley en territorios que, pese a haber sido declarados inconstitucionales, continúan operando bajo lógicas paralelas.
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