Luego que las autoridades ordenaran repetir el juicio por la muerte de la estudiante de medicina Keyla Martínez, ocurrido bajo custodia policial en 2021, su madre, Norma Rodríguez, solicitó de manera urgente el apoyo del equipo legal del Comité de Familias de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), para que asuma su representación legal ante el riesgo de que el proceso vuelva a dilatarse.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó repetir el juicio por la muerte de la joven estudiante de enfermería, Keyla Martínez, tras determinar que el proceso estuvo viciado por irregularidades que impidieron una correcta administración de justicia.
La decisión judicial reabre la esperanza de justicia para la familia de la joven estudiante de enfermería, quien falleció el 7 de febrero de 2021, mientras se encontraba bajo custodia policial en la Unidad Departamental de Prevención número 10 (UDEP-10).
Desde el inicio, el caso estuvo marcado por cuestionamientos, luego de que la versión oficial intentara presentarlo como un suicidio, relato que fue desmentido por la autopsia forense, en la cual se confirma que la joven fue asfixiada.
En el primer juicio, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque condenó al agente policial Jarol Rolando Perdomo Sarmiento por el delito de homicidio imprudente en su modalidad de comisión por omisión, imponiéndole una pena de cinco años de prisión.
La sentencia fue duramente cuestionada por organizaciones de derechos humanos, al considerar que el crimen debió ser tipificado como femicidio agravado.
Además, en 2024, la defensa del agente solicitó medidas sustitutivas a la prisión, argumentando que el imputado había cumplido más de la mitad de la condena, conforme a lo establecido en el nuevo Código Penal.
«Quiere salir adelante, pero recordar la impunidad en nuestro país es muy difícil; uno se llena de impotencia al saber que jueces y que todo el Estado ha estado confabulado a favor de los policías y que nosotros, como una familia humilde y trabajadora, no tenemos justicia», expresó la madre de la víctima, Norma Rodríguez, tras conocer la nueva decisión de la CSJ.
En llanto, la madre recordó que su familia ha tenido que enfrentar el proceso sin recursos económicos suficientes. «Van a cumplirse cinco años y nadie ha hecho nada. A mi niña me la quitaron y seguimos luchando solos», lamentó.
Pese al desgaste emocional y económico, la madre de la joven aseguró que la resolución de la CSJ representa una nueva oportunidad para alcanzar justicia.
«Ahora hay un poco de esperanza y espero que las abogadas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) me llamen o ir buscando otro grupo para que me representen, porque realmente nosotros no contamos con el dinero para pagar un grupo de abogados que nos lleven el caso, pero vamos a seguir luchando», agregó desconsolada.
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