La justicia hondureña revocó la orden de captura contra el empresario Lenir Pérez, quien permanecía prófugo tras ser acusado de delitos ambientales y otros ilícitos junto a otras doce personas. Pérez es una figura controvertida de la política hondureña, señalada por sus cuestionados vínculos con el gobierno de Juan Orlando Hernández.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción revocó la orden de captura contra el empresario Lenir Pérez, acusado junto a otras 12 personas por los delitos de explotación ilegal de recursos naturales y daños agravados en perjuicio del medio ambiente.
Asimismo, el juez autorizó el uso de mecanismos virtuales para el viernes 30 de enero del presente año, a fin de que la audiencia de declaración de imputado sea transmitida en vivo.
Pérez es el único de los trece acusados que permanece prófugo desde 2021. Enfrenta un requerimiento fiscal por su presunta participación en un conflicto ambiental que afecta al municipio de Tocoa, Colón, en el norte de Honduras.
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Las otras doce personas imputadas incluyen funcionarios de la Alcaldía Municipal de Tocoa y miembros del consejo de administración de las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, quienes sí han comparecido ante la justicia.
El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) denunció ante el Ministerio Público que, entre 2017 y 2022, representantes de Inversiones Los Pinares, en presunta complicidad con funcionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, entre ellos el exdirector del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara Bueso, y la excandidata a diputada del Partido Libre, Ilsa Lorena Torres, habrían obtenido de forma ilegal tierras destinadas a la reforma agraria.
Parte de estas tierras fue utilizada para el desarrollo de un megaproyecto minero, provocando graves daños ambientales que aún persisten en la región.
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De acuerdo con los registros, Allan Edgardo Escobar Navarro adquirió dichas tierras al INA por 686,657 lempiras y, apenas seis meses después, las vendió a Inversiones Los Pinares por 22.1 millones de lempiras, una transacción que ha generado serios cuestionamientos.
Sus vínculos con JOH
Los vínculos del empresario con el gobierno de Juan Orlando Hernández también quedaron en evidencia con la concesión del Aeropuerto Internacional Palmerola, otorgada en 2015 bajo el modelo de Alianza Público-Privada (APP) al Grupo EMCO, empresa de su propiedad, por un período de 30 años.
En virtud de este contrato, el Estado no percibirá ingresos derivados de las operaciones comerciales de la concesionaria sino hasta las etapas finales del convenio. Además, Pérez interpuso una demanda contra el Estado hondureño por 300 millones de dólares, argumentando un supuesto intento de expropiación de su empresa.
El empresario también ha sido vinculado a presuntos daños ambientales en el Parque Nacional Carlos Escaleras, donde la apertura de carreteras con maquinaria pesada y el uso de explosivos habrían provocado afectaciones a la flora, la fauna, así como al suelo y subsuelo de la zona núcleo del área protegida.
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