La crisis económica que afronta Estados Unidos, converge con la constante narrativa que Donald Trump es un presidente débil y esto ha dado paso a la ejecución del esquema unión entorno a la bandera “rally around the flag”, es decir, una estrategia para proyectar fortaleza y, en ciertos momentos, desviar o contrapesar presiones internas como son la investigación Oklahoma que aborda el escándalo de Jeffrey Epstein y el Volumen II del informe Jack Smith, el cual demuestra cómo el mandatario manipuló documentos oficiales.
En este contexto, Trump utilizó una postura agresiva contra Venezuela como herramienta política, atacando al presidente Nicolás Maduro, quien es un líder ampliamente impopular en Estados Unidos, calificado como una “amenaza socialista” y ser aliado de Cuba, Rusia e Irán; es decir, el escenario se construyó para equilibrar las narrativas negativas internas.
Cabe resaltar que, si bien públicamente no existe acusación contra Trump por el caso de Epstein, éste aparece en testimonios y registros de contacto, al considerar la investigación del exfiscal especial, Jack Smith, se deja abierta una hipótesis sobre qué tipo de archivos modificó Trump en su primer mandato (2017-2021) y, sin olvidar que el Congreso, exige explicaciones a la Justicia sobre haber publicado documentos de Epstein censurados.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. Los efectos de la “renovada” doctrina Monroe que “justifica” la injerencia e invasión de Estados Unidos a pueblos de América Latina, ha empañado el inicio de año y sembrado la inestabilidad tras el ataque bélico que, hasta el momento, cobró la vida de 40 venezolanos –militares y civiles–, incluyendo el secuestro del presidente, Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes se presentarán mañana lunes 5 de enero ante un juez federal en New York para ser notificados formalmente de la acusación en su contra por “narcotráfico”.
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Exactamente a 341 kilómetros al suroeste de New York, en Washington D.C. –capital de EE.UU.– un gran jurado podría discutir sobre presentar cargos contra el presidente Donald Trump por el manejo de archivos de inteligencia que le habrían protegido –de momento– en la investigación del “Archivo Oklahoma” o como se conoce en redes sociales “Expediente de las Decapitadas” que no es otra cosa que los documentos del controversial Jeffrey Epstein y toda la red de pedofilia que involucra magnates y políticos de ese país.
Lo anterior, representa una contradicción en el sistema de Justicia de EE.UU., pues el presidente en funciones goza de inmunidad; sin embargo, ya es información pública que Trump ha tomado parte ante el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) para evitar que se publique el Volumen II de un informe elaborado por el exfiscal especial, Jack Smith, el cual detalla todo lo encontrado en la investigación, según reporte de “Newsweek”.
Smith fue nombrado fiscal especial por el Departamento de Justicia de EE. UU. en noviembre de 2022 para investigar los esfuerzos de Trump por revertir los resultados de las elecciones de 2020 (incluyendo el asalto al Capitolio) y el manejo indebido de documentos clasificados tras su presidencia, especialmente en su club Mar-a-Lago (Florida). La acusación fue formal en 2023 pero en julio de 2024, la jueza federal en Florida, Aileen Cannon, desestimó formalmente esa acusación contra Trump, alegando que Smith fue nombrado incorrectamente bajo la Constitución de EE.UU.
Hacia el 20 de enero de 2025, Trump ya era completamente inmune al ser presentado como 47.° presidente de su nación; empero, en noviembre de 2024 recibió un nuevo “apoyo” del sistema judicial cuando fueron desestimados los dos casos penales en su contra: el asalto al capitolio y el manejo de documentos oficiales en su club de Florida.
Ahora bien, ambos casos no representan un vínculo directo con los documentos Epstein, aunque el presidente ha sido nombrado en testimonios y en registros de contacto social entre la década de 1990 y 2000, y tampoco existe –de momento–una acusación penal en su contra ni ninguna otra acción legal conocida; sin embargo, el vínculo podría construirse a partir del informe del exfiscal Smith y el Volumen II que se mantiene como “secreto”.
En este esquema entra en juego la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein –aprobada en noviembre 2025– exige la divulgación de los registros gubernamentales sobre Epstein y Maxwell. La fecha límite de publicación era el 19 de diciembre, pero ese fue el día en que el DOJ recién ha iniciado la publicación. Este mecanismo fue aprobado abruptamente y promulgado por el propio Trump y exigía que se divulgaran todos los documentos y materiales de investigación no clasificados.
La liberación de documentos, fue decepcionante para la sociedad estadounidense y cibernautas del mundo interesados en el caso, pues los documentos estaban exageradamente censurados, esto fue recriminado por el Congreso que ordenó al DOJ explicar las “manchas negras” en los archivos a mas tardar el 3 de enero de 2026, pero a medianoche del 2 de enero, Trump dio la orden a las Fuerzas Armadas de atacar Venezuela.
Aquí un punto clave, puesto que opositores demócratas y otras personalidades de la vida política de EE.UU., cuestionaron la motivación oculta; por ejemplo, en su cuenta de “X” la Comisión de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE.UU. señaló que el ataque Venezuela “es solo una coincidencia, pero hoy es la fecha límite para que el Departamento de Justicia explique sus censuras en los documentos del caso Epstein».
“No lo hemos olvidado y no nos rendiremos, a pesar de las nuevas acciones inconstitucionales del presidente”, agregó el ente. Otros, como la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, fue más contundente: “No se trata de drogas. […] Se trata de petróleo y un cambio de régimen. Y necesitan un juicio ahora para fingir que no es así. Sobre todo para distraer la atención de Epstein y el desorbitado aumento de los costos de la atención médica”.
“Los demócratas han utilizado el tema ‘Epstein’, que les afecta mucho más que al Partido Republicano, para intentar distraer de nuestras asombrosas victorias”, dijo Trump al anunciar su firma en la ley que obligaba a publicar los documentos.
Pero ante este escenario se abre una interrogante clave ¿por qué Trump está muy activo para evitar que se publique el Volumen II de la investigación de Smith? De acuerdo con “Newsweek”, en una moción presentada el 2 de diciembre de 2025, el presidente solicitó a la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon –la misma que lo indultó en julio 2024– permiso para participar en el litigio sobre si el informe debería hacerse público.
En su análisis, “Newsweek” revela que esta disputa ayudará a determinar cuánta autoridad tienen los fiscales especiales, cuán transparente debe ser el Departamento de Justicia en investigaciones políticamente sensibles y si un presidente en funciones puede usar los tribunales para mantener los hallazgos sobre su propia conducta fuera de la vista del público.
Además, menciona que dos grupos de vigilancia, American Oversight y el Knight First Amendment Institute, están buscando acceso al informe, lo que dio lugar a una nueva ronda de argumentos legales.- Un panel del 11º Circuito ya ha establecido un plazo de 60 días, a partir del 3 de noviembre, para que el juez Cannon responda a las solicitudes de los grupos, según informes de ABC News.
La acusación alegó que Trump almacenó registros de seguridad nacional altamente sensibles en áreas no seguras, incluidos «un salón de baile, un baño y una ducha, un espacio de oficina, su dormitorio y un trastero» en el club de Florida.- Los fiscales afirmaron además que el presidente mostró material clasificado en dos ocasiones en 2021, diciéndole a un grupo de visitantes que el documento que mostró era «altamente confidencial» y «secreto», y añadieron: «Como presidente podría haberlo desclasificado… Ahora no puedo, pero sigue siendo un secreto».
¿Pero cómo vincular todo este escenario a lo acontecido este fin de semana en Venezuela?, para explicarlo debemos partir de un punto clave –al margen del esquema económico y los intereses sobre el petróleo y otros recursos naturales–, Trump sabe bien cómo su imagen está siendo afectada y aunque los casos de Epstein y la investigación de Smith aun no se han vinculado legalmente, se cruzan en el terreno de la percepción pública, la política y el debate sobre poder e impunidad.
Aunque no es demostrable en este momento, todo indica que Trump ha utilizado la fuerte política exterior de EE.UU. contra Venezuela y Maduro, como parte de una estrategia para proyectar fortaleza y, en ciertos momentos, desviar o contrapesar presiones internas. Esta herramienta es conocida como “rally around the flag” (unión entorno a la bandera) que, según la enciclopedia de Oxford se define como un fenómeno de aumento repentino de la aprobación pública hacia el presidente cuando el país se ve envuelto en una crisis internacional.
La definición de Oxford propone dos hipótesis en este esquema del porqué ese aumento de apoyo: patriotismo, ya que los individuos responden a una amenaza identificándose con un grupo interno, en este caso la nación y su presidente; y el liderazgo de opinión, ya que el entorno informativo cambia porque los líderes de la oposición guardan silencio o apoyan al presidente durante una crisis y una parte del público sigue esas señales partidistas de la élite.
Al considerar que Trump enfrenta investigaciones constantes, escándalos mediáticos y una narrativa persistente de debilidad institucional (Rusia, impeachment, elecciones), el informe de Jack Smith –aunque no conecta política exterior con intención criminal– sí describe a Trump como altamente consciente de su imagen pública, obsesionado con el impacto mediático y la percepción de “fuerza” o “victoria”.
¿Y qué tiene que ver el caso Venezuela? Maduro es un líder ampliamente impopular en EE.UU. tanto para demócratas y republicanos, y al margen de su acusación por narcotráfico, su administración es constantemente señalada por ser una “amenaza socialista”, “violar Derechos Humanos” y ser un aliado de Cuba, Rusia e Irán –entre otros–, por ello, atacar a Venezuela y su presidente, no tenía costo político interno y sí beneficios simbólicos.
En conclusión, Trump sí utilizó una postura agresiva contra Venezuela como herramienta política para proyectar fortaleza, y probablemente también para equilibrar narrativas negativas internas, aunque no haya prueba legal de que lo hiciera como maniobra consciente para encubrir delitos en el escándalo Epstein.
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