El Ministerio Público es un actor clave en la defensa del pueblo hondureño y, en el marco de las irregularidades del proceso electoral, su rol será fundamental en la determinación de la justicia.
Analistas consultados por EL LIBERTADOR coinciden en que se debe actuar contra las anomalías, al tiempo que advierten que actores del bipartidismo amenazan con recurrir a la figura del juicio político.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El proceso electoral hondureño de 2025 no puede analizarse únicamente desde las declaratorias finales, las cuales, según diversos sectores, contienen numerosas irregularidades que evidencian cómo fue todo el camino hasta llegar a la oficialización de resultados que, de forma polémica, validan el triunfo presidencial del nacionalista Nasry Asfura.
Su crisis se gestó desde las elecciones primarias, cuando retrasos, fallas logísticas y cuestionados contratos para el traslado de maletas electorales alteraron la jornada en Tegucigalpa y San Pedro Sula, sin consecuencias penales visibles.
Posteriormente, en el periodo comprendido entre las primarias y las elecciones generales del 30 de noviembre, se gestaron múltiples intentos de boicot al proceso, como las decisiones impulsadas por las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, representantes del bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Desde entonces, el Ministerio Público quedó bajo observación pública ante sus acciones relacionadas con estos planes; sin embargo, para el abogado y analista político José Zúñiga, el contexto exige cautela, pero no silencio institucional frente a irregularidades que se acumularon sin una respuesta oportuna del ente acusador.
“Sería muy aventurado mencionar que el Ministerio Público actuó de manera pasiva, porque cuando va a ejecutar una acción penal debe subsumirse a una suficiente carga probatoria; sin embargo, muchas situaciones que ocurrieron se pudieron evitar accionando oportunamente la Fiscalía de Delitos Electorales”, señaló Zúñiga en entrevista con EL LIBERTADOR.
Entre las primarias y las elecciones generales, el escenario se agravó con intentos de sesionar el Consejo Nacional Electoral con solo dos consejeros propietarios, cuando la ley exige la presencia de los tres, así como decisiones administrativas controvertidas y un creciente clima de desconfianza que no derivó en investigaciones penales visibles ni en medidas preventivas.
El punto de quiebre fue la divulgación de más de veinte audios, inicialmente difundidos por el propio Ministerio Público y luego incorporados al debate público como elementos que evidenciaban posibles planes para incidir en el proceso electoral. Su impacto político fue inmediato, pero su traducción jurídica, inexistente.
“Si bien es cierto, podríamos decir que muchas de las situaciones que ocurrieron se pudieron evitar accionando, sobre todo, la Fiscalía de Delitos Electorales, también es menos cierto que en todo este escenario que se dio alrededor de los comicios hondureños hubo situaciones que se salieron del contexto”, manifestó Zúñiga.
Mientras los audios circulaban, las decisiones institucionales avanzaban. Se aprobaron mecanismos cuestionados en la divulgación de resultados, se descartó el uso pleno del lector biométrico y se normalizó un escrutinio incompleto que desembocó en las declaratorias del 24 y 30 de diciembre.
Sectores sociales, jurídicos y políticos sostienen que los planes revelados en esos audios incidieron en el cierre del proceso; empero, el analista sostiene que hay más elementos que se integraron a la conspiración contra el proceso electoral, como la injerencia de Estados Unidos en la contienda y que, si bien no se precisa el alcance de su impacto, especialistas apuntan que sí tuvo un efecto.
Además, Zúñiga reconoció que podríamos ver una Fiscalía muy activa de cara a los próximos meses con relación a las anomalías electorales y, por ello, “es de estar expectantes” ante todos los escenarios que se desarrollen a su alrededor.
“Recordemos que hay sectores del actual bipartidismo que se han pronunciado incluso a favor de la ejecución de juicios políticos contra el fiscal general, Johel Zelaya; contra la presidenta de la Corte, Rebeca Obando; y contra el mismo presidente del Congreso, Luis Redondo, queriendo utilizar ese discurso como una medida de presión para que no se ejecuten las acciones que en cuanto a derecho corresponden”, explicó el analista.
El fiscal Zelaya anunció, después de la declaratoria que marcó el final del proceso electoral, que iniciarían requerimientos fiscales contra personas vinculadas a irregularidades que, según dijo, podrían constituir prueba de un posible fraude electoral.
Para el abogado Luis León, investigar no equivale a condenar. En entrevista con EL LIBERTADOR, advierte que la justicia no debe convertirse en herramienta de persecución ni en castigo mediático, pues ello vulnera el debido proceso y termina erosionando aún más la confianza ciudadana.
“No obstante, yo creo que este proceso arrojó muchas irregularidades, porque esas deben ser investigadas; tampoco podemos pensar que no se deba hacer. Así que esperaríamos que el fiscal haga una investigación objetiva. Y también hay que decirlo: que haya una investigación no significa que haya culpabilidad”, sentenció León.
Sobre los audios, es cauteloso al mencionar que la actuación de la Fiscalía ante su divulgación respondió más a un papel político que jurídico, pero aclaró que la “Corte Suprema de Justicia deberá actuar alrededor de lo que el Ministerio Público solicite, y eso debería ir en función de las pruebas que estén debidamente sustentadas”.
En su reflexión sobre el reciente proceso, León sostiene que Honduras no necesita más reformas electorales, sino una nueva ley integral que rompa con el control partidario absoluto del proceso, desde la recepción del voto hasta la emisión de las declaratorias.
“Los partidos reciben al votante, cuentan los votos, llenan actas, transmiten información y luego se declaran ganadores. Eso es una irresponsabilidad institucional. Sin una nueva ley electoral, en 2029 vamos a repetir exactamente lo mismo”, sentenció.
El cierre del proceso deja un desafío político mayor. El presidente electo Nasry Asfura, reconocido por Estados Unidos pero cuestionado internamente, enfrenta el peso del estigma histórico que arrastra su partido y, según el analista, gran parte de la percepción futura quedará en manos del propio nacionalista.
El Partido Nacional carga con el antecedente del exmandatario Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años por conspirar para traficar cocaína y recientemente indultado por Donald Trump, en una decisión que analistas consideran más política que judicial.
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