«Un cierre del proceso sin el escrutinio que obliga la ley no es democracia», reafirmó el director del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías. Según el organismo, la declaratoria parcial que dio el triunfo al nacionalista Nasry Asfura no responde a razones técnicas, sino a una decisión deliberada del órgano electoral.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) emitió un comunicado público en el que expresa su profunda preocupación por la coyuntura política que atraviesa Honduras tras la declaratoria parcial de resultados presidenciales del 24 de diciembre de 2025.
A juicio del centro de pensamiento, el proceso electoral presenta un quiebre grave al haberse cerrado una etapa clave sin que concluyera el escrutinio especial ni se resolvieran las impugnaciones pendientes, afectando directamente la legitimidad del resultado.
Asimismo, el pronunciamiento se da en un ambiente de alta tensión política, con sectores de la oposición denunciando fraude electoral, manipulación de actas, irregularidades en el conteo y falta de transparencia por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Estas denuncias han sido acompañadas por protestas, exigencias de recuento y llamados a respetar el voto ciudadano en todos los niveles electivos, no solo en el presidencial.
Por lo tanto, CESPAD sostiene que la decisión de emitir una declaratoria parcial no respondió a una imposibilidad técnica, sino a una opción institucional orientada a clausurar prematuramente los mecanismos de verificación del voto.
Advierte además que, a pocas horas de vencer los plazos legales, el CNE no implementó las medidas necesarias para avanzar en el escrutinio de diputaciones y corporaciones municipales, comprometiendo la integridad del proceso en su conjunto.
En contraste, desde el nacionalismo y sectores afines al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry Asfura, declarado por el CNE como ganador de forma polémica, se argumenta que el triunfo es legítimo y se sustenta en una amplia participación ciudadana, una ventaja numérica irreversible, y el respaldo popular expresado en las urnas.
Estos sectores aseguran que las denuncias de fraude buscan desconocer la voluntad del pueblo y generar inestabilidad política, señalando que la ley establece instancias claras—como el Tribunal de Justicia Electoral—para dirimir controversias.
Sin embargo, CESPAD enfatiza que una alta participación no sustituye el escrutinio ni la verificación de resultados.
En una democracia constitucional, señala, la legitimidad no proviene solo del acto de votar, sino del respeto estricto a procedimientos que permitan revisar, depurar y controlar los resultados de forma transparente.
El comunicado fue reposteado por el director del CESPAD, Gustavo Irías, quien reiteró que «un cierre del proceso sin el escrutinio que obliga la ley no es democracia».
El organismo exhortó al CNE a completar el escrutinio pendiente, a la comunidad internacional a evitar reconocimientos prematuros y a los actores políticos a abstenerse de presiones que profundicen una crisis institucional que, de no corregirse, podría sentar un precedente negativo para futuros procesos electorales.
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