La Procuraduría General de la República demandó a exdiputados que, bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández, destituyeron de forma ilegal a cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se opusieron a la aprobación de las “Ciudades Modelo”.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. La Procuraduría General de la República (PGR) abrió un capítulo inesperado en la historia política hondureña al demandar a un grupo de exdiputados que en 2012 ejecutaron la destitución de magistrados de la Sala Constitucional, quienes se opusieron a la aprobación de las polémicas “Ciudades Modelo”.
Aquel movimiento legislativo, dirigido desde la cúpula parlamentaria que presidía Juan Orlando Hernández, removió de forma ilegal a los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y Rosalinda Cruz Sequeira, todos contrarios a la agenda del oficialismo.
Entre los señalados por la PGR figuran Oswaldo Ramos Soto (QDDG), Mario Pérez, Rigoberto Chang Castillo y Augusto Cruz, entre otros.
El país conoce bien las repercusiones de ese acto que, a criterio de analistas, incluso facilitó el camino hacia la reelección presidencial —prohibida en la Constitución— de Juan Orlando Hernández, mientras el equilibrio de poderes entraba en un periodo de deterioro profundo que marcó la década política siguiente.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos confirmó el carácter arbitrario de aquella destitución en el caso Gutiérrez Navas vs. Honduras, concluyendo que el Estado violó la independencia judicial y el debido proceso.
En ese sentido, la demanda presentada mediante la figura del derecho a repetición pretende recuperar unos 54 millones de lempiras de los congresistas que avalaron la ilegal remoción de los magistrados.
A criterio del exfiscal general del Estado, Edmundo Orellana, “es la primera acción coherente con la política de lucha contra la impunidad que prometió este gobierno”, y felicitó “a la PGR, que con esto ya superó al MP, por buscar que se castigue a los violadores de la Constitución y reparen los daños económicos que ocasionaron al país”.
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