“Este juicio (de Midence Oquelí Martínez) presentará diferentes evidencias y, a lo largo de los días, toda esa documentación será pública”, resaltó el presidente del Congreso, Luis Redondo, afirmando que muy pronto los hondureños conocerán nuevos detalles de cómo operó la narcodictadura desde ese poder para destruir la República.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El presidente del Congreso Nacional (CN), Luis Redondo, adelantó en la primera sesión de la Comisión Permanente de ese poder del Estado, que el pueblo hondureño conocerá nuevos detalles de cómo operó la narcodictadura de Juan Hernández con socios financistas del narcotráfico para promover el enriquecimiento ilícito y la destrucción de la República.
Las declaraciones de Redondo surgen previo a la lectura de sentencia del exdiputado del Partido Liberal, Midence Oquelí Martínez, quien pactó con la Fiscalía del Distrito Sur de New York para declararse culpable y recibir un castigo “menos grave” por aportar información sensible respecto a cómo operó el narcotráfico desde el “altar Q” del Gobierno anterior.
“Este juicio presentará diferentes evidencias y, a lo largo de los días, toda esa documentación será pública. Nos encargaremos de que el pueblo hondureño pueda leerla, juzgar y conocer cómo con fondos del narcotráfico se pagaron más de 40 millones en un edificio aquí, en unas torres gemelas de Tegucigalpa”, dijo Redondo.
Asimismo, recalcó que en dicha reunión estuvieron presentes varios parlamentarios del bipartidismo (Partido Liberal y Nacional), a quienes calificó de cómplices de actos de corrupción y que solo es cuestión de tiempo para conocer cuánto dinero recibió cada uno por apoyar la Junta Directiva que presidió el ahora “anónimo”, Mauricio Oliva.
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El titular del Legislativo recordó que, gracias a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos, aprobada en 2021 bajo la gestión de Oliva –representante del Partido Nacional– se blindó a corruptos y personas vinculadas al crimen organizado y, fue éste quien, como presidente del Congreso, aprobó la cancelación del tratado con la OEA para eliminar la Misión de Apoyo Contra la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Lo anterior fue parte del esquema de corrupción de la narcodictadura, pues al eliminar la MACCIH, se derivó en que los escándalos más graves –de los 12 que llevó ante el Poder Judicial–, fueran descartados, engavetados o cerrados con libertad plena por decisión de los magistrados electos bajo controversia –entre denuncias de sobornos–, esa Corte Suprema, fue presidida por Rolando Argueta, íntimo amigo del dictador Hernández y también nacionalista de afiliación.
Redondo señaló también que, cuando se intentó derogar los delitos relacionados con el lavado de activos, el Congreso se bloqueó argumentando “falta de consensos”, aunque el verdadero motivo era el contenido de la reforma, que ponía en riesgo los intereses de ciertos grupos políticos y económicos.
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El congresista advirtió: “Déjen de hacerse las víctimas y asuman su responsabilidad. Las representaciones que les dimos de manera democrática y actuando de buena fe en las diferentes entidades son para que actúen en representación del pueblo hondureño, y no de grupos económicos y políticos que antes fueron financiados por el narcotráfico”.
Por otro lado, durante la audiencia de Martínez se presentaron nuevos datos que coinciden con lo mencionado por Redondo. Según la información revelada, se mostrarán documentos que confirman la culpabilidad del exdiputado, y la sentencia final se dictará el próximo 4 de diciembre, luego de que el juez Lewis Kaplan concediera un plazo adicional de 30 días a la defensa para presentar sus argumentos finales.
De acuerdo con el director del portal informativo, Pro-Honduras Network, Cristian Sánchez –quien estuvo presente en la deliberación–, el nivel de culpabilidad de Martínez es menor que el de Juan Hernández, quien fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para traficar drogas a EE.UU., castigo menor que el de su hermano “Tony” Hernández quien recibió cadena perpetua y 30 años, al igual que el excapo mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán.
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Sánchez fue abordado en el espacio “De Tres a Cinco” de UNE TV, donde explicó que el “nivel 41” –que corresponde a Oquelí Martínez–, implica un delito de extrema gravedad bajo las pautas federales estadounidenses, lo que podría traducirse en una sentencia de entre 20 y 40 años de cárcel, menor a la de Hernández que fue calificado en “nivel 43”.
Durante el juicio también se abordó su presunta vinculación con el asesinato del periodista Nahúm Palacios, según Sánchez: “Pesa mucho a la hora de una sentencia. Aunque el caso de Oquelí es por narcotráfico y lavado de dinero, se mencionan hechos de violencia, asesinatos y torturas de personas”.
La defensa, a cargo de Cristina Santillo, intenta reducir la condena alegando inconsistencias en el caso del homicidio del comunicador; sin embargo, el juez Kaplan recordó que Martínez ocupa un nivel alto de culpabilidad dentro de la estructura criminal, lo que hace previsible una sentencia severa.
Durante la audiencia se destacó la vinculación que denuncia el actual presidente del Congreso hondureño, precisamente para elegir al doctor Mauricio Oliva para ser titular de ese poder en 2014, en negociaciones al margen de las que se dieron en el hemiciclo cuando el ahora gobernante Partido Libre presentó una propuesta junto al Partido Anticorrupción (PAC), en ese entonces a cargo de Salvador Nasralla quien ahora aspira a la presidencia como liberal.
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Según lo expuesto por Sánchez, los documentos y testimonios presentados durante el proceso revelan que Martínez formó parte de un grupo de 25 legisladores liberales y nacionalistas que recibieron sobornos millonarios de la organización Los Cachiros para asegurar la elección de Oliva, esta banda fue la que comenzó el “Honduras canta” para juzgar toda la narcopolítica hondureña.
Entre las pruebas, se mostró un video donde aparece Oquelí junto a figuras como Juan Hernández, el exdiputado Fredy Nájera (condenado por narcotráfico), el actual diputado liberal Víctor Sabillón y otras figurar “prominentes” del sector privado.
En esas reuniones, “se planificó el complot para posicionar a Mauricio Oliva como presidente del Congreso Nacional y controlar las instituciones hondureñas, garantizando impunidad”, explicó Sánchez.
También se alertó que los congresistas ligados a estructuras criminales utilizaban placas oficiales del Congreso Nacional para evadir retenes policiales y trasladar drogas hacia Estados Unidos.
Finalmente, Sánchez concluyó: “Los casos están interconectados. El de Tony Hernández, Fredy Nájera, Giovanni Fuentes y Juan Orlando Hernández se fusionan, porque todos pertenecen a la misma organización criminal”.
Cabe recordar que el patrocinio del narco a decisiones importantes en el Poder Legislativo no es algo nuevo, precisamente el juicio de Juan Hernández reveló que para mantener su curul en el Congreso, éste se avocó a grupos organizados, por ejemplo, Víctor Hugo Díaz “el Rojo”, le patrocinó 115 millones de lempiras para las elecciones de 2005, 2009, 2013 y 2017, incluso para comprar votos de diputados y ser electo titular de ese poder entre 2010 y 2014.
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