El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral, Mario Morazán, denunció irregularidades en el manejo de las inscripciones de Jorge Cálix y Cristhian Villalobos para participar en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
Según Morazán, el resto de los magistrados procedió a debatir sin tener conocimiento del fondo del caso e incurriendo en una posible ilegalidad al violentar el procedimiento de inscripción.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, compareció esta tarde ante medios de comunicación para denunciar hechos que, según afirmó, podrían constituir una “usurpación de funciones” dentro del organismo y que podría dar pie a ilegalidades relacionadas con la participación del diputado liberal Jorge Cálix en las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
De acuerdo con su relato, el miércoles por la tarde ingresaron al TJE dos solicitudes de medidas cautelares que pedían la suspensión de actos relacionados con la candidatura de Cálix y del nacionalista Cristhian Adalid Villalobos; sin embargo, Morazán explicó que la convocatoria para discutir dichas solicitudes ocurrió antes de que llegaran oficialmente a la Secretaría General del tribunal.
“Hubo una colusión previa entre personal o funcionarios del Tribunal de Justicia Electoral que ya sabían que se iban a presentar estas dos solicitudes de suspensión del acto antes que se presentaran”, afirmó Morazán.
El magistrado también cuestionó el desarrollo de una sesión jurisdiccional realizada esta mañana en donde el resto de integrantes del TJE, Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona, presuntamente emitieron resoluciones sobre las solicitudes de suspensión sin conocer el trasfondo de la solicitud y sin Morazán como parte del quórum, lo que constituye una ilegalidad.
Según el artículo 35 de la Ley Orgánica del TJE, las sesiones del pleno requieren la presencia de los tres magistrados propietarios o, en su defecto, de dos propietarios y un magistrado suplente. En esta ocasión, solo participaron Flores Urrutia y Barahona, sin incorporar a ningún suplente disponible –según explicó Morazán–.
“Si hubieran incorporado a uno de los dos magistrados suplentes que estaban presentes, la sesión eventualmente podría tener alguna validez. Pero no quisieron incorporar a nadie”, manifestó Morazán, quien calificó el acto como “nulo de pleno derecho” por carecer del quórum legal.
Las resoluciones tomadas en esa sesión estarían relacionadas con los expedientes 92 y 93, que refieren a las candidaturas de Cálix y Villalobos, quienes al momento se encuentran inhabilitados para participar en los comicios al no haber salido electos en el proceso primario; sin embargo, el magistrado asegura que ningún integrante del pleno conocía aún los expedientes completos.
“No conozco el expediente, ni ellos (los magistrados). Ninguno de nosotros conoce los expedientes. Por eso es que no se podía tomar ninguna decisión”, recalcó. Según dijo, el Consejo Nacional Electoral aún no había remitido la documentación oficial al TJE al momento de la sesión.
El magistrado explicó que las decisiones sobre medidas cautelares deben emitirse mediante un auto de admisibilidad, una resolución formal en la que se determina si procede suspender o no el acto impugnado. Esto, dijo, es práctica común en todos los tribunales del país.
“Lo que querían hacer era que este fuera el primer tribunal nacional de un país que emitiera una suspensión de un caso que no está conociendo”, ironizó Morazán, insistiendo en que las resoluciones aprobadas en esa sesión “no tienen ningún valor jurídico”.
Al ser consultado sobre si hubo una resolución concreta, Morazán respondió que sí se emitieron resoluciones de suspensión del acto, pero aclaró: “¿Cuál acto? Nosotros no hemos admitido el recurso, entonces no hemos dicho cuál es el acto que se está apelando”.
De forma reiterada, enfatizó que no prejuzga sobre el fondo de las solicitudes, ya que “puede ser que estas partes tengan el derecho, o puede ser que no. Pero lo que yo les puedo decir es que no podíamos nosotros tomar una decisión sin ver el expediente”.
Sobre las motivaciones detrás de esta aceleración del proceso, Morazán cuestionó: “¿Cuál era la prisa, si el plazo del Consejo Nacional Electoral se vencía hoy? Mañana a primera hora podíamos tener esa sesión y emitir una resolución conforme a derecho”.
Finalmente, reiteró su llamado a la legalidad y al respeto de los procedimientos institucionales: “Los actos de la administración tienen una presunción de legalidad. Para determinar si hay un vicio, uno tiene que ver el expediente, y eso no se hizo aquí”.
No es la primera vez que el TSJ es señalado por ilegalidades. En el proceso electoral de 2021, dio apertura a candidaturas como la del nacionalista Eramos Portillo, a quien la ley le impedía participar por ser yerno del designado presidencial de ese entonces, Ricardo Álvarez.
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