Las investigaciones de la Fiscalía señalan que los exfuncionarios se habrían coludido para desviar 39.5 millones de lempiras del fideicomiso SITEC del Instituto de la Propiedad, pese a que este ya había sido derogado. Para concretar el ilícito, presuntamente recurrieron a la falsificación de documentos con el fin de justificar los pagos.
Redacción Central / EL LIBERTADOR
Tegucigalpa. El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra cuatro exfuncionarios del Instituto de la Propiedad (IP) y dos ciudadanos más, señalados de estar vinculados a un presunto caso de corrupción que habría implicado el desvío de 39.5 millones de lempiras de fondos públicos.
Las investigaciones realizadas a través de la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) corresponden a la primera línea de investigación relacionada con el uso de fondos públicos por funcionarios que dirigieron en el año 2022 la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del Instituto de la Propiedad (IP).
Los acusados son: la excoordinadora técnica, Cristy Dayanara Sánchez Valle; la exgerente administrativa y financiera, Tania Michell Montoya Zepeda; el exdirector del programa de vivienda social, Mario Roberto Reyes López; y la excoordinadora de la Unidad de Presupuesto, Leyla Patricia Rubio Valladares.
Asimismo, el requerimiento se extiende a los representantes legales de la Fundación Ayudando con Amor: Claudia Pamela Álvarez Matute y Bairon Josué Berrios Salinas.
Según las investigaciones, estos exfuncionarios se coludieron para utilizar fondos del fideicomiso SITEC (que ya había sido derogado) al firmar un convenio con la Fundación Ayudando con Amor con el fin de construir proyectos sociales que nunca se ejecutaron.
El convenio establecía que la UCP desembolsaría 39.5 millones de lempiras bajo la figura de donación, pese a que la Unidad no estaba autorizada para otorgar donaciones.
Lo anterior porque los fondos que administraba provenían de la Tasa Vehicular, impuestos registrales y de traslación de dominio (cambio legal de la propiedad de un bien) canalizados mediante el fideicomiso SITEC.
Según las investigaciones, un año después se comenzaron a desembolsar los fondos mediante cheques a cuentas controladas por los imputados, quienes presentaron documentos falsos para justificar los pagos, materializándose así un esquema para saquear las arcas del Estado.
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